INGOBERNABILIDAD

Ingobernabilidad:
la elección de Estado
o la política anticrisis neoliberal

El bloque íntegro de la derecha en México –la parte más persignada, neofranquista o “yunquista”, así como la granempresarial o del neocapitalismo salvaje- se jugó el todo por el todo en nuestro país para ganar una elección de cambio del Poder Ejecutivo orquestada desde el propio Poder Ejecutivo saliente, es decir, el presidente Vicente Fox y adláteres.

Una elección de Estado que se jugó desde la trastienda de los videos de Ahumada-Fernández de Cevallos (la mano del CISEN) y el intento de “desafuero” de López Obrador (la guerra personal de Fox contra el Peje), hasta la campaña de odio, polarización social y choque de clases patrocinada por el aparato de gobierno y los grupos de presión de los grandes empresarios, muchos de ellos prestanombres (léase los banqueros).

El gran grito de batalla, el “¡allí viene el lobo!” que operó la derecha ultramontana en todos sus registros fue el espantajo de la ingobernabilidad. Este espantajo fue pregonado por las fuerzas de la ultraderecha reaganeana y thatcherista desde finales de los años 70 y en los 80 del pasado siglo, hasta las actuales histerias del militarismo-petrolero bushiano (bis) en su cruzada por acabar con las libertades de todo el planeta (la Patriot Law y la “guerra preventiva” contra el mundo entero).

¿Qué debemos entender, entonces, por ingobernabilidad? La palabra tiene “cola”, y bastante larga como para pisarla en serio. Cualquier “comentarista” televisivo o de radio se llena la boca con ella. Funcionarios del gobierno o de los distintos partidos, o bien editorialistas o reporteros, profesores o politólogos, de izquierda o de derecha, han utilizado la expresión en esta crisis poselectoral para fines analíticos o, sobre todo, alarmistas.

De hecho, la idea que se maneja es la pérdida de control de las situaciones por parte de los gobiernos, sobre todo cuando éstos han sido recientemente elegidos. Visto así, como se tiende a “entender” en los medios masivos, el aserto tiene como fines ejercer presión o como advertencia. Fue el gran sonsonete de la ultraderecha en su reciente campaña de marketing político.

Un sistema como el mexicano siempre ha sido especialmente sensible a este tipo de exorcismos. Así sacó Fox al PRI de Los Pinos, a la voz de “¡ya,ya,ya!” y “¡hoy, hoy, hoy!”, para culminar los ritos de cambio de piel del régimen pasando del antiguo modelo de partido (casi) único a un virtual bipartidismo (el actual PRIAN) que mantenga vivos los viejos privilegios y compromisos. En este marco de "transición traicionada" resulta especialmente útil un vocablo como el de ingobernabilidad, con su lengua bífida, su ambigüedad premeditada que lo hace servir como radiografía o como visión de apocalipsis.

¿Cuál es la historia del concepto, a qué fines ha servido? Desde la década de los setenta, al proclamar los límites del crecimiento y del Estado social, las referencias a las crisis de la economía mundial, de las finanzas públicas y del medio ambiente, además de las crisis de legitimidad y de la autoridad estatal, la palabra “ingobernabilidad” se tornó tópico cotidiano en cualquier periódico, conservador o liberal, para caracterizar lo que sucedía en la sociedad nacional e internacional.

Ingobernabilidad y
Comisión Trilateral

Así, la fórmula para expresar lo anterior fue la "ingobernabilidad", popularizada por primera vez en el informe de la Comisión Trilateral. En su discurso, los teóricos neoconservadores de la crisis consideraban como causante de ésta a los acuerdos institucionales de la democracia de masas del Estado de bienestar -en sus versiones inglesa, estadunidense o bien socialdemócrata-, correspondiente al capitalismo tardío o de organización.

Como se recordará, el diagnóstico se fincaba en denunciar el "aumento desproporcionado" de las pretensiones de cogestión del Estado social y de la participación democrática, lo que implicaba suponer una politización exagerada de temas y conflictos que llegó a considerarse como "la codicia incontenida e irreflexiva de los ciudadanos y los trabajadores".

Los síntomas de crisis provenían, según esos análisis, de la diferencia existente entre las pretensiones de la gente y la capacidad de atenderlas, entre el nivel de exigencia y la capacidad de realización del gobierno. Esa discrepancia generaba entonces una dinámica que tendía a reproducir esta situación de crisis en forma agudizada, y por demás apocalíptica: los sistemas ingobernables –se decía- tienden a hacerse cada vez más ingobernables. Ese era el exorcismo contra la política, válido entonces y ahora contra toda posición de izquierda.

En el reverso de esas fórmulas espesas -muy presentes en el discurso neoliberal que predica el Estado adelgazado, pero fuerte a favor del capital- quedaba solapada la realidad de que las sociedades capitalistas viven bajo la sombra, que crece día con día, de organizaciones burocráticas cuyo personal es de carácter profesional.
La racionalidad burocrática tiende a volverse una forma de vida, en términos de que la acepción de burocracia no se refiere únicamente a los procesos de planeación política y administrativa del Estado, sino a las poderosas redes de organización y control que penetran y rigen la vida de las corporaciones privadas.

Así, las relaciones burocráticas de mando y obediencia aparecen a la delantera de todas las esferas de la vida contemporánea: desde las cárceles, las comunicaciones y la salud hasta los campos de la producción, la educación, el derecho y la comunicación masiva. La influencia vigilante, disciplinante, de la organización burocrática profesional se extiende hasta las más íntimas esferas de la vida en el hogar, en las condiciones del capitalismo tardío.

En cada estrato se reproducen los mismos esquemas, sumamente diferenciados, de privilegios, tareas y responsabilidades, cuyo principio organizativo fundamental es la despolitización. A partir de la ultraespecialización tecnocrática, las organizaciones burocráticas se alimentan dondequiera no sólo del culto al prestigio y la autoridad -común a todas las oligarquías-, sino sobre todo de la voluntad de dominar y administrar profesionalmente las esferas de la vida para constituirlas como objetos despolitizados de posible control técnico. Así, las determinaciones de la tecnoburocratización fueron concebidas e interpretadas como un antídoto contra la crisis del sistema.

En el marco global, la solución del problema de la ingobernabilidad en los países capitalistas desarrollados debía venir con la restauración de mecanismos de competencia que pusieran una barrera a la inflación en sentido estricto y a la inflación de pretensiones en sentido amplio. Sin embargo, no se afectó la producción conspicua ni el dispendio de los países opulentos. La fórmula aplicada -lo mismo en el primero que en el tercer mundo- fue la de desmontar los mecanismos de seguridad social del Estado de bienestar, así como las posiciones de poder económico y político que hubieran alcanzado los sindicatos.

Proliferó, necesaria y correlativamente, el argumento de la teoría conservadora de la democracia -neoliberal-, que señalaba la insuficiente capacidad de dirección del Estado arguyendo que la competencia entre los partidos y la periodicidad de las luchas electorales obstaculizaban la necesaria orientación a largo plazo de las actuaciones y planificaciones del Estado, lastrando con discontinuidades constantemente la concepción y puesta en práctica de los programas de gobierno.

A partir de las cruzadas autoritarias del neoliberalismo y el neocorporativismo se dio paso al denominado fin de la política, en pos de promover un "Estado de seguridad" que seguía fincado en el "liberalismo de grupos de interés" (Schumpeter) concominante al Estado bienestarista, a través de la burocratización estructural, la componenda entre grupos y la despolitización social.

En esa fase de planificación capitalista y de medidas anticrisis, las determinaciones en torno de las grandes decisiones políticas provienen crecientemente de un proceso de negociación arcano y sumamente inaccesible, que involucra a las esferas que mandan dentro del Estado y la sociedad.

Neocorporativismo:
"democracia" de élites

En las décadas de los 70 y los 80, las medidas anticrisis fundamentaban directamente y justificaron funcionalmente los intentos de desarrollar el sistema de "corporativismo liberal", lo que a su vez significaba propiciar, en un cierto sentido, la "socialización" de la política del Estado. El neocorporativismo se convirtió en un instrumento auxiliar del centro de control que posibilitaba la autocoordinación social. La iniciativa todavía partía del centro, pero ese centro ya no podía aportar, ni siquiera teóricamente, las soluciones de la iniciativa.

El elevado grado de neocorporativismo parecía reducir la ingobiernabilidad, sobre todo en el norte de Europa. De hecho, las formas de control indirecto siempre han sido motivo de interés. En esa técnica, el control de los organismos paraestatales, la delegación de tareas estatales a grupos privados y muchas formas de actuación casi soberana de organizaciones no estatales fueron aplicados bajo la teoría del corporativismo liberal.

Las propuestas de saneamiento neocorporativistas pretendían resolver el problema mediante sistemas de engarce de la política estatal con grandes grupos organizados; sin embargo, al apoyarse demasiado en la estructura de esos intereses colectivos podían producir su propia ruina: en la medida de que tales intereses se integraran en las instituciones, de hecho también perderían su función de garantizar la estabilidad.

En grandes rasgos, el mecanismo supone que grandes organizaciones burocráticas (corporaciones privadas, trabajo organizado, partidos cartelizados, titulares de gobiernos y, en el trasfondo, los medios masivos) negocian entre sí dentro del marco del aparato estatal e imponen presuntas soluciones a demandas que conciernen a la sociedad en su conjunto. Tal política arcana de intereses especiales supone que los ciudadanos no deliberan más, en los brazos de la servidumbre burocrática.

El Estado burocrático tiene que abandonar sus pretensiones democráticas y reducir las expectativas. Está obligado a abogar en favor del principio de restricción: los grupos marginales tienen que aprender a exigir menos del gobierno; los líderes sindicales tienen que evitar las demandas inflexibles; los políticos han de asumir decisiones impopulares. En México, esto se conoce como "apretarse el cinturón".
Aunque aparentemente la política institucionalizada aumenta la capacidad de respuesta y la legitimidad del Estado, lo que sucede es lo contrario: los participantes institucionalizados se convierten fácilmente en grupos de veto y limitan así la efectividad del gobierno. Entonces, según este enfoque, un "exceso de democracia" promueve directamente mecanismos burocráticos siempre más complejos y "desconcierto" (Huntington) entre su clientela política insatisfecha. El círculo de nuevo se cierra.

En México, la crisis en episodios

En México, montado en las formas del viejo corporativismo que seguían dominantes en el partido oficial y en el gobierno, desde la "Alianza para la producción" y la "Reunión de la República" convocadas por López Portillo se desarrollaron mecanismos de corte neocorporativista para enfrentar la crisis económica. Los cuales, bajo el talante de consolidar la tecnoburocratización, a partir del sexenio de Miguel de la Madrid tomaron el modelo de "pacto" entre gobierno, capital privado y fuerza de trabajo.

Ese mecanismo se reforzaría, en el periodo de Carlos Salinas, con la movilización de grupos sociales económicamente deprimidos -bajo la batuta del gobierno- conocida como PRONASOL (Programa Nacional de Solidaridad). Dicho "solidarismo" serviría de telón de fondo para las reformas legales que echaron por tierra el andamiaje reformista y los mecanismos de Estado social que venían desde tiempos de Lázaro Cárdenas, y de esa forma dejar la puerta abierta a la aplicación irrestricta de las medidas económicas acordadas con las agencias financieras internacionales.

El complejo conjunto de ajustes y andamiajes de "ingeniería política" ("política, política y más política...", C.S.G.) de que hizo gala el salinismo, erigido sin cimientos ni "obra negra" pero siempre bajo la tecnoburocratización, presuponía la posibilidad de prolongarse como grupo en el poder montado incluso sobre las espaldas y a costa del viejo mecanismo del priismo y la "familia revolucionaria".
Implicaba estrictamente una integración de las grandes "cúpulas" neoliberales ("tigres" y "jaguares", desde el tabasqueño Cabal hasta el "soldado del Presidente": Azcárraga) para conservar el poder en términos de una milenarista (para finales del pasado y comienzos del nuevo milenio) "contrarreforma política". Hasta el momento, el proyecto sigue su curso sin ser desmontado.

Socialización de la producción,
apropiación privada del producto

En otro marco, Claus Offe, teórico neomarxista alemán, denunciaba que tan eclécticas se veían las explicaciones ofrecidas acerca de la crisis política de la "ingobernabilidad" por parte de los teóricos conservadores -y lo mismo afirmaba de sus oponentes socialdemocrátas-, como igual de incoherentes y caprichosas aparecían las terapias propuestas: por un lado, el lamento difuso acerca de la fragilidad de las situaciones sociales que resultaba de los procesos de modernización políticos y económicos; por otro lado, las exhortaciones que se hacían al mundo político y a la opinión pública política para que abandonaran los escrúpulos tradicionales y tomaran, con un resuelto pragmatismo, el camino de vuelta a la estabilidad y al "orden".

De acuerdo a ese enfoque, la polémica contra la modernización política no requería de ninguna fundamentación consistente, de ninguna programación ni de ninguna teoría sobre la transición política para dominar la situación; el asunto se resolvía lisa y lirondamente: bastaba con integrar una coalición negativa antipolítica de los amenazados (real o pretendidamente) por reformas, invocando unas potencias del orden que estaban ya desgastadas o que se habían vuelto subversivas y que, por tanto, más valdría dejar de lado.

En palabras de Offe, el Estado sólo puede funcionar como Estado capitalista haciendo un llamado a los símbolos y las fuentes de apoyo que ocultan su naturaleza de Estado capitalista; la existencia de un Estado capitalista presupone la negación sistemática de su naturaleza como tal. Bajo la presión que presupone este problema estructural, las élites del Estado definitivamente desalientan la vida pública autónoma.

Esto se debe, como se citaba antes a Huntington, a que los procesos de democratización sustantiva cargarían en exceso al aparato estatal con exigencias que, por otra parte, podrían llevar a la conciencia popular la contradicción que hay entre la socialización de la producción que hace el Estado y la dependencia continua de la asignación privada del valor excedente.

México, aquí, ahora:
polarización social e ilegitimidad

En México, llegamos a las elecciones presidenciales de 2006 con el resultado empírico-formal en las urnas, luego de un virtual empate entre los dos candidatos punteros. Pero, atrás de eso, del triunfo cantado por el IFE apenas 12 horas después de cerrada la votación, en realidad el presidente Vicente Fox entró en campaña tres años atrás, luego de que su partido perdiera las elecciones intermedias de 2003.

Entonces Fox inició la campaña presidencial y su campaña “personal” contra López Obrador, que lo llevó a la abortada intentona de desaforarlo en 2005. Sus candidatos preferidos eran Martita (cónyuge), primero, y luego Santiago Creel, pero en el último año echó toda la carne al asador para mantener a su partido en el poder presidencial, que le cuidará las espaldas.

Luego de una campaña electoral que podemos llamar “de Estado”, fraudulenta desde sus inicios, amañada por completo e inequitativa, en el rejuego cruzado del gasto publicitario abrumador pagado por el erario y la “guerra sucia” impulsada por la troika PAN-grandes televisoras y la gran empresa convertida en (seudo)partido político, vivimos una situación política inusitada y sin precedentes en México. Lo cual supone una carga ineludible de ilegitimidad. Esto avizora un cambio a fondo de las formas institucionales y legales de establecer la legitimidad en el recambio de poderes. La vía que viene desde 1857, calcada en el ahora zozobrante modelo estadunidense, da bandazos y muestra visos de irse a pique.

Crisis y neomarxismo

Para las izquierdas, a su vez, las crisis son abordadas como constelaciones de "trastornos" que pueden ser acontecimientos productivos históricamente; como una serie de sucesos problemáticos sobre cuyo desenlace es posible hacer previsiones negativas, es decir, que ciertos esquemas de resolución de las crisis se revelen como inservibles. Así, las crisis no son sucesos contingentes, como un accidente que tanto podría ocurrir que no ocurrir, sino manifestaciones de tensiones y "fallos de construcción" inherentes a los principios organizativos de una formación social.
Ante las sucesivas crisis que afectaban a todos los estados burocráticos, los enfoques neomarxistas hicieron progresos en dirección de una ciencia moderna en el análisis de las condiciones de intercambio de los subámbitos de la sociedad. Los regímenes de acumulación, los modos de producción y los modos de regulación fueron concebidos como esferas relativamente autónomas, que no podían ya deducirse unas de otras.

Se llevó a cabo una diferenciación intelectual parcial de los subsistemas económico y político. El capital y el proletariado ya no se entendían como bloques monolíticos. El análisis neomarxista del poder en el Estado capitalista se destotalizó.

El nuevo enfoque combinaba una aspiración "antiguomoderna" a la totalidad de la explicación con un sentido posmoderno de la mencionada autonomía e irreductibilidad de los subámbitos de la sociedad. Se renunció a las superabstraccciones: ya no hay un capitalismo, sino capitalismos. Una consecuencia de esta callada posmodernización del neomarxismo fue el pregón precipitado que anunciaba el final de las esperanzas revolucionarias y la despedida de los sujetos revolucionarios.

Los préstamos conceptuales de los autopoiéticos, que descubrieron el "orden mediante la fluctuación", fueron aceptados. Como teoría de crisis, el enfoque buscaba legalidades de las discontinuidades y regularidades en la producción del sistema de equilibrio transitorio. El crítico proceso de adaptación del equilibrio al desequilibrio fue descrito en los términos de la teoría contemporánea de las catástrofes.

El análisis se desplazó desde un determinismo económico a un análisis político del poder capitalista; el determinismo económico del marxismo anterior fue suprimido. Este desplazamiento del interés hacia el sector cultural había sido preparado mucho tiempo atrás en la Escuela de Frankfurt. Jürgen Habermas consideraba posible que en la sociedad postindustrial el papel impulsor de la transformación pasara a manos del sistema educativo y científico.

La idea de Gramsci de que la hegemonía cultural es el prerrequisito de una revolución esencialmente más civil fue desarrollada bajo numerosas variantes en el neomarxismo, sobre todo en los países latinos. La hegemonía se caracterizó como la capacidad de un modelo de circunstancias sociales de imponerse ejemplarmente.
Las instituciones, que como sujeto no marxista se habían dejado durante mucho tiempo "a la derecha", volvieron a situarse en el centro del análisis. Tenían en común que explicaban la dinámica de las clases y de los grupos sobre todo mediante los sistemas dominantes de creencias. Buscaban explicar de este modo por qué había que revisar las antiguas teorías del colapso.

El interés por la superestructura cultural creció de forma directamente proporcional al anquilosamiento del socialismo real y a la impotencia de la inteligencia de izquierdas en Occidente.

Desde esta perspectiva, cada vez es más claro que las sociedades industriales capitalistas desarrolladas carecen de mecanismos válidos por medio de los cuales puedan hacer concordar las normas y valores de sus miembros con todas las condiciones sistémicas de funcionamiento a que están sometidas.

La solución siempre es encontrar al “enemigo externo” –y ahora “interno”- y proceder al derroche que no exige justificaciones: la guerra, la economía bélica. En tal sentido, son ingobernables de una vez por todas, y si no ha esto sucedido por completo se debe a que ha prevalecido un largo periodo de prosperidad -mediante la globalización financiera y tecnológica-, y que así hayan podido vivir bajo esta ingobernabilidad.

En todo caso, sólo si se dejan de lado las condiciones estructurales de la "ingobernabilidad" puede caerse en la actitud de alarma -el clásico "ahí viene el lobo"- que propaga la literatura neoconservadora de la crisis. O bien suponer que el problema tenga visos de solución simplemente tratando de afianzar las reglas y normas de comportamiento a que obedecen las actuaciones (aquí, el legalismo de las elecciones), de forma que concuerden de nuevo con los imperativos funcionales y las "leyes objetivas" a que está sometido el sistema.

Frente a ese desfase, tanto Habermas como Offe están conscientes de que las contradicciones administrativas y culturales del capitalismo tardío tienden a fomentar respuestas estatales autoritarias y cierta organización paramilitar de la sociedad. Tal situación se ha patentizado en los últimos años con la emergencia de nacionalismos beligerantes, neonacismos y fundamentalismos, hasta los terrorismos y el tecnoterrorismo global de la ultraderecha republicana gringa, así como las agresiones a los migrantes -basta ver nuestra frontera norte-, entre otros efectos convulsos.

Por otra parte, John Keane alude a la posibilidad de una confrontación generalizada entre, por una parte, los intentos burocrático-administrativos (cuyos campeones son el neoliberalismo y el neocorporativismo) para reestructurar al Estado del capitalismo tardío y la vida social en pro de una nueva fase de acumulación, y por otra las luchas de los movimientos autónomos para hablar y ser oídos, para repolitizar sus vidas cotidianas y establecer formas sociales y políticas cualitativamente nuevas en donde predominen las esferas públicas del mutualismo, la discusión y la preocupación de las necesidades concretas.

¿Crisis terminal, de bifurcación?

Ante el previsible vacío de poder que podría sobrevenir al inicio del nuevo gobierno panista, en un marco de polarización de fuerzas y una frustración similar a la del post-68, con el aprobado ingreso de un Ejecutivo de derecha débil, donde el bloque de poder ultraderechista no chistará en imponer la represión en todas sus facetas, los trabajadores en general se ven orillados a revisar sus estrategias políticas y gremiales y desconstruir sus alternativas y horizontes teórico-ideológicos. No va a ser posible la neutralidad ni el simple neocorporativismo, al menos para los menos fuertes en su lugar dentro de la cadena productiva, sino que las definiciones se darán por sí mismas.

El tema, el contexto a resolver políticamente, ya dejó de ser únicamente López Obrador y la izquierda contrapuestos a la derecha y Calderón. En realidad, estamos llegando a una crisis final que cierra el ciclo de crisis que viene desde los años 70… A una crisis de bifurcación, según las teorías del caos, cuando todas las estructuras de la sociedad se tornan altamente sensitivas, registran la más mínima fluctuación y cambian con ella a través de bifurcaciones que implican intensos conflictos. Estamos al borde de un cambio de ciclo, no para 2010 como se ha augurado, sino que ya lo estamos viviendo y tendrá más peso que la mera molestia de los bloqueos en el Paseo de la Reforma, que hicieron tan felices a los capitostes de la comunicación estratosféricamente pagada.

En la cultura, ante una época de transición salen a la superficie, en profusión, ideas y valores nuevos, inicialmente pequeños y débiles. Pero una vez que han emergido, algunos de entre ellos muestran una disposición a “nuclearse”, se apoderan de la imaginación de vastas capas de la población y cambian los modos dominantes de pensar y de actuar. Por lo tanto, no se trata únicamente de una toma de partido, sino de responder a los tiempos que nos impone la realidad con toda la capacidad crítica y también de avanzar en la reconstrucción de los pactos de confiabilidad, que dan consistencia a unos y otros modos de interactuar. Es decir, habrá que erigir los campamentos civiles-culturales como una nueva e incipiente reivindicación.

La gran duda que queda en el aire es si el próximo gobierno continuará aplicando la misma política económica (subordinada al FMI-Banco Mundial), propiciadora de desempleo y grandes costos sociales, conjuntamente con su bajísimo perfil político -esto es, la estrategia de la paralización también proveniente del neocapitalismo-, que utilizó el foxismo durante todo el sexenio, aunque sin descuidar su sobrecargada política mediática y su ofensiva personal contra AMLO, para hacer frente a la muy prolongada, recurrente y larvada crisis económica, social y política que ha vivido el país en las últimas décadas. Entonces, ¿el fantasma de la ingobernabilidad seguirá espantándonos con sus verdades a medias y sus mitos geniales?

Publicado en la revista Foro Universitario, Nº 10, octubre 2006, México

Bibliografía:
-Cancino, César, Alarcón ín, Víctor, La filosofía política de fin de siglo, Triana Ed. y Universidad Iberoamericana, México, 1994.
-Offe, Claus, Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Ed. Sistema, Col. Politeia, Madrid, 1992.
-Contradicciones en el Estado del Bienestar, Alianza Editorial, Alianza Universitaria, Madrid, primera reimpresión 1994.
-von Beyme, Klaus, Teoría POlguolítica del siglo XX. De la modernidad a la postmodernidad, Alianza Editorial, Alianza Universitaria, Madrid, 1994.
-Keane, John, Vida pública y el capitalismo tardío, Ed. Patria/Alianza Editorial, México, 1992.
-Luhmann, Niklas, Teoría política en el Estado de bienestar, Alianza Editorial, Alianza Universitaria, Madrid, 1993.

Final de siglo - TRANSICIÓN TRAICIONADA

¿TRANSICIÓN TRAICIONADA?
Escenarios de la política en México
al final del milenio (1997-2000)

Sumario:
1. Introducción
¿Del crack al crash...?
2. Los protagonistas (vieja guardia)
Érase un provecto partido...
(hegemónico-pragmático)
3. Relación de los hechos (elementos
para diagnóstico)
Los 30 años de la crisis
4. El marco electoral actual
Nuevas reglas del juego
5. Variantes de la transición
Escenarios de la coyuntura
(1997-2000)

1. Introducción
¿Del crack al crash...?

¿Vive México en estos momentos, en vísperas de un crucial cambio de legislatura y de una elección inaugural de gobierno en la capital del país, un periodo de transición política? Los representantes del sistema lo niegan, argumentando que no hemos cruzado por una dictadura autoritaria del corte de las sudamericanas; sin embargo, las limitaciones para una alternancia y un recambio en el gobierno siguen siendo considerables, se vuelve a apelar al voto del miedo y al endurecimiento, si bien tuvo lugar una nueva reforma electoral y los principales partidos de oposición han logrado niveles no sólo competitivos sino de abierto recambio en diversas instancia de gobierno.

¿La estructura política de la nación está capacitada para llevar a cabo una transición pacífica y democrática? Cabrían serias duras. En términos del politólogo Manuel Villa (1996), si se admite que los tres niveles de la política son el Estado, el régimen y el sistema, entonces cabe asumir que el Estado originado en México a partir de la Revolución se encuentra seriamente deteriorado a resultas de la contrarreforma neoliberal ejecutada durante el periodo 1982-1994.

En ese lapso, no sólo se pusieron en liquidación casi todos los activos que administraba y operaba en el terreno económico, sino que se desmantelaron los apoyos, coaliciones y alianzas sociales que le habían dado vigor y estabilidad durante más de seis décadas. Así, ha perdido su capacidad de articular e integrar los intereses y las expresiones de los conglomerados sociales más vigorosos, con lo cual se ve orillado a la atomización y la parálisis.

A su vez, lo que se ha llamado el régimen político, como la zona normada por la Constitución y las leyes, parece contar con la cohesión de sus componentes principales: una todavía consistente estructura institucional y de gobierno; regularidad de los procesos electorales; una razonable circulación de élites; un decreciente nivel de desahogo y resolución de la demanda social, y, en suma, goza aún de márgenes fuertes de estabilidad política a partir de consensos. Todo lo cual le ha permitido mantener en un perfil relativamente bajo la de conflictividad social, pero ésta crece como bomba de tiempo en cuanto siguen agudizándose los rezagos no sólo económicos sino en materia democrática y de derechos civiles y humanos.

Por último, el ámbito del sistema político, caracterizado como el espacio de operación de la clase política -el conjunto de prácticas, hábitos, rituales y leyes no escritas que organizan la competencia en esa clase-, se considera prácticamente hecho añicos. Los partidos predominantes y la mayoría de las organizaciones políticas que surgieron a partir del estatismo se ven amenazados. El derrumbe del estatismo y la correspondiente crisis fiscal del Estado, conjugados con la movilización social y la internacionalización de la economía, barrieron con los medios estatales que daban sustento al sistema político.

La crisis del Estado desarrollista-populista, en 1982, dio pábulo al afianzamiento de la nueva forma de dominio cupular tecnoburocrático, la del estatismo-financista. El sistema político, al arribar a los 90, se presentaba corporativo en la organización social, oligárquico en lo regional, burocrático en el aparato del Estado, las instituciones y los partidos. Esto es, excluyente, desmovilizador, desorganizador y sobre todo inequitativo.

La contrarreforma neoliberal aparejó la toma de la cúpula del Estado por una fracción de la clase política recién conformada en el interior de la alta burocracia. A continuación se redimensionó al Estado para eliminar a las fracciones antiguas y subordinar a los estratos medios y los operadores políticos que actuaban en los niveles bajos del sistema. Así, esta reforma sin institucionalización -como se le ha motejado- simplemente se limitó a cortar, no corregir ni mejorar las fallas del sistema, quedando restringida a una encarnizada pugna interburocrática que aún no termina.

En ese marco, las tres fuentes de legitimidad -electoral, la de los compromisos sociales y la de eficacia gubernamental-, que acentuaron sus crisis desde tiempos de Luis Echeverría, llegaron al punto de ruptura con el gobierno de Salinas de Gortari. La electoral, muy maltrecha desde 1986 y con su gran momento de cuasi ruptura de 1988, si bien registraría ciertos repuntes a favor del sistema en 1991 y 1994; la de compromisos sociales tendió a fracturarse con el cierre de la política social a los sectores corporativos y la supeditación del sindicalismo a los pactos y a los recortes de presupuesto y salariales; finalmente, la de eficacia del Estado al abrir al exterior la economía y barrer a una parte sustancial empresariado nativo, que sería uno de los factores del colapso económico de diciembre de 1994.

2. Los protagonistas (vieja guardia)
El Estado posrevolucionario y un
protervo partido de Estado...
(hegemónico-pragmático)

El Estado surgido de la Revolución se instituye como el principal agente de desarrollo del país. Toma el lugar de la burguesía nacional y establece los mecanismos de inducción que impulsen el desarrollo de ésta dentro de un marco general de modernización de la economía, con visos defensivos ante un contexto internacional poco favorecedor de los movimientos reivindicadores en los países sometidos al colonialismo directo o al neocolonialismo dependiente.

Para hacer factibles los impulsos modernizadores, el Estado requiere de la movilización de los sectores productivos mediante la construcción de mediaciones políticas y sociales que posibiliten el control y la alianza de las clases populares, con el presidencialismo como eje de la articulación estatal y política. Touraine ha definido a tales regímenes como nacional-populares, caracterizados a partir de una élite modernizadora que establece alianzas con las clases populares, en cuyo nombre habla bajo la pretensión de satisfacer sus intereses.

El modelo entra en su fase clásica (1940-70) cuando el partido oficial se constituye en el punto de articulación del Estado con los distintos segmentos sociales, proveyendo a éstos de una fuerte dinámica para la movilidad y el ascenso social y político. Su legitimidad radicaba en la capacidad de articular e integrar las expectativas y demandas de los grandes conglomerados sociales con las de las élites económicas, siempre bajo el liderazgo del titular del Ejecutivo y una permanente dependencia del aparato público, que le hizo valedera la apelación de PRI-Gobierno.

En esos términos, el partido oficial enfrentaba el problema de la representación política a partir de esquemas verticales y ajustado a una permanente negociación para que estuvieran adecuadamente representados los intereses de los sectores corporativos que lo componían: obrero, campesino y popular. La disidencia se castigaba severamente y el talante electoral era no competitivo. En este marco, el partido oficial se define en los términos de lo que Sartori llama un partido hegemónico pragmático, que no permite la competencia real por el poder aunque sí la existencia de otras fuerzas partidarias pero con límites y capacidades estrictamente acotados.

La legitimidad del régimen político estaba basada en la capacidad de llevar cabo su proyecto de desarrollo nacional con justicia social, en tanto que la legalidad político-electoral se nucleaba en la posible realización de ese proyecto nacional-popular; ante la percepción de los votantes, vistos siempre en calidad de colectivos, la legitimidad o ilegitimidad del régimen dependía de que cumpliera sus metas de desarrollo y justicia social.

A partir de los años setenta, el Estado enfrentó cada vez mayores dificultades para extender los beneficios a los cada vez más diversificados sectores sociales, así como mantener la esperanza de la movilidad social para todos. Desde la crisis financiera de 1982, el Estado inicia el abandono de su función central en el proceso de desarrollo y el establecimiento de una nueva alianza con el sector empresarial exportador, desechando la ideología nacional revolucionaria y la fuente de legitimidad que provenía de ella.

El proceso de transición política que vive actualmente el país muestra sus primeros fermentos hacia finales de los años sesenta, cuando tanto sectores laborales como núcleos de la clase media y grupos populares mantuvieron una reiterada efervescencia, que desembocaría en el holocausto del 2 de octubre de 1968; el conflicto se prolongaría con los movimientos guerrilleros de comienzos de los años setenta, sofocados mediante la “guerra sucia” que emprendió el Estado contra ellos; también los setenta escenificarían movimientos sindicales en busca de democratización y de libertad respecto de las agrupaciones oficialistas, cuyo protagonista más destacado sería la Tendencia Democrática del SUTERM.

3. Relación de los hechos (elementos para diagnóstico)
Los treinta años de la crisis

Los 30 últimos años de vida del país han estado signados por crisis recurrentes al fin l de los periodos de gobierno. Se llega a hablar de una “crisis mexicana” de largo aliento que, en general, se remonta hasta el final de los años sesenta; algunas lecturas la ven como inicialmente política (1968) y después económica (1976 y 1982-1988), luego se caracteriza como una crisis social (1988-1994) y en los tiempos más recientes aparece como una crisis institucional (1994-?).

En su etiología, esa serie ininterrumpida de fracturas y desequilibrios presenta elementos que tienden a ser repetitivos: así, la crisis política obedecería a una incapacidad de las instituciones para mantener el consenso sobre una base de inclusividad; la crisis económica respondió al desequilibrio de los mecanismos que regulaban la producción y el consumo, entre el mercado interno y el internacional, y, finalmente, a partir de fuertes desequilibrios de orden financiero; la crisis social, por su parte, se manifesta en los años más cercanos a partir de un crecimiento extremo de la pobreza y la marginalidad, producto de una política económica altamente desigual y excluyente; por último, la crisis institucional se presenta como un nuevo tipo de desigualdad que afecta, sobre todo, el espacio de la ciudadanía política, erosionando las bases de credibilidad y legitimidad del régimen mexicano.

Recapitulando, a principios de la década de los 70 tendríamos la “atonía” y el franco boicot empresarial, el paro de inversiones que concitó el discurso populista/tercermundista de Echeverría, combinado con las amenazas de golpe de Estado y el real golpe devaluatorio de 1976. El sexenio terminó enmarcado bajo la pirotecnica del desplome de la imagen presidencial.

En 1973, el gobierno retoma la reforma electoral de diez años antes -que estableció a los diputados de partido- y abre los cauces de la participación partidista en los medios de comunicación electrónicos. A su vez, con Echeverría se inicia el proceso de encajonar a los gobiernos de los estados mediante los recursos de la Federación y la imposición de candidatos a gobernadores de estricta filiación centralista, proceso intensificado durante los periodos de López Portillo y de Miguel de la Madrid. Esto afectó a los grupos de poder y cacicazgos locales, originando protestas y deserciones contra el centralismo político que han hecho crisis en los años recientes.

Con López Portillo tiene lugar la reforma electoral que cambió el sistema de partidos y que ahora llega a sus veinte años de edad; en 1977, bajo la batuta de Jesús Reyes Heroles, se abren las compuertas para un amplio juego de partidos en los comicios, crece el número de diputados y se modifica la representación proporcional en la Cámara de Diputados. Este hito abrió las coordenadas de un sistema electoral incluyente, canalizando las estrategias políticas de enfrentamiento hacia cauces de gradualismo y negociación. El régimen se fortaleció al permitir válvulas de escape a las inquietudes sociales e institucionalizar el descontento por la vía partidaria.

Al mismo tiempo, montado en las formas del viejo corporativismo que seguían dominantes en el partido oficial y en el gobierno, desde la “Alianza para la Producción” y la “Reunión de la República” -preludiadas por el “tripartismo” que intentó Echeverría- se desarrollaron mecanismos de corte neocorporativista para enfrentar los baches del modelo desarrollista. Los cuales, como esquemas anticrisis, a partir del sexenio de Miguel de la Madrid y continuados durante el periodo de Salinas tomaron el modelo de “pacto” entre el gobierno, las “cúpulas” empresariales y el liderazgo de la fuerza de trabajo. Se reforzaron así los mecanismos de centralización en las decisiones políticas y económicas.

El esquema neocorporativista se apuntaló en 1993 mediante la suscripción del Acuerdo Nacional de Productividad, un mecanismo que establece la flexibilización de las relaciones laborales de manera unilateral. Al mismo tiempo, Salinas llevó a cabo una alianza con el sector sindical “modernizador”, el cual conformó una relación consensual con los empleadores cediendo presencia en la empresa, a cambio de aumentar su participación en las decisiones relativas a la reestructuración y planeación de las empresas.

Durante la primera parte del sexenio de De la Madrid se intentó renovar la legitimidad mediante una alianza con los sectores surgidos a raíz del desarrollo del país: los grandes, medianos y pequeños empresarios, y las clases medias urbanas y rurales. Estos sectores demandaban reglas políticas claras y el establecimiento de un estado de derecho, al margen del modelo oficial de desarrollo. Tal alianza se interrumpió a raíz de los triunfos electorales del PAN en Chihuahua y Durango, en 1986, pero puso en claro la alternativa de acceso al poder por la vía del voto y la legitimidad de las elecciones.

Durante el periodo de Carlos Salinas se intentaría un nuevo proyecto de control corporativo semiclientelista -paralelo al que de forma menoscabada seguía existiendo en el partido oficial-, mediante la movilización desde el Estado de grupos sociales económicamente deprimidos conocida como Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Dicho “solidarismo” serviría de telón de fondo para las reformas legales que echaron por tierra el andamiaje reformista y los mecanismos del Estado social que venían desde tiempos del gobierno de Lázaro Cárdenas. Con Solidaridad se ejercía un control menos directo, más sutil, relacionado con el hecho de que la legitimidad nacional-popular desaparecía del discurso oficial y, eventualmente, cedería su lugar a otro régimen asentado en la legitimidad formal-legal, de orden electoral.

En lo político, sumariamente, la herencia de Salinas se desglosa en el deterioro intenso del partido oficial al ser suplantado por el mecanismo asistencial que fue el Pronasol, así como a través del “concubinato” con el PAN que le permitió las reformas constitucionales a cambio de las llamadas “concertacesiones” de gubernaturas y municipios importantes; al mismo tiempo, se ejerció la imposición de licencias y separaciones de sus cargos de la mitad de los gobernadores de los estados. Esto exacerba el malestar de las fuerzas locales y su “fuga” hacia los partidos de oposición, en primer lugar el PAN.

1994 fue el “año en que vivimos en peligro”, cuando el asesinato del candidato presidencial del PRI hizo cambiar las reglas de la sucesión a la mitad del proceso, además de originar una drástica fuga de divisas; situación que se remachó con la masacre del secretario general del PRI y líder de la Cámara de Diputados, agravada por las acusaciones hechas a la dirigencia del partido por parte del hermano del occiso en calidad de subprocurador de la República.

El año se inauguró con la rebelión indígena-religiosa-posmoderna en Chiapas, que ofuscaría a la campaña electoral y al brindis triunfal de la puesta en marcha del TLC. Encumbrado mediante la video-escenografía salinista y por un “voto de miedo” a la violencia y el espejismo del ascenso al Primer Mundo, el 21 de agosto el PRI obtiene el 50% de los votantes para su candidato bajo los slogans de “él sabe cómo hacerlo” y “bienestar para su familia”. Todo ello preludió al crack financiero de diciembre de ese año.

4. El marco electoral actual
Nuevas reglas del juego

El proceso de liberalización política se erije sobre un reformismo electoral que ha posibilitado la competencia de muy diversas fuerzas políticas desde 1977. Con base en la reforma de aquel año, a lo largo de la promovida por el gobierno de Miguel de la Madrid, de las tres realizadas en el periodo de Salinas de Gortari y de la primera -llamada “definitiva”- del presidente Zedillo, se ajustó el sistema de partidos hasta llegar a un cuadro de tres predominantes y se establecieron nuevos marcos legales para la competencia electoral, caracterizados por mejores condiciones de vigilancia y de participación en los comicios.

En términos muy generales, el proceso ha dado los siguientes resultados: se redujo el dominio prísta en la Cámara de Diputados, al limitarse a 300 el número de curules a cargo de un partido, lo cual impide que un solo partido pueda reformar la Constitución; algo similar se estableció en la Cámara de Senadores al introducirse representantes de la primera minoría por elección, ampliarse el número de escaños de mayoría relativa y ser creados los de representación proporcional. Se introdujo y luego se modificó la cláusula de gobernabilidad, para asegurar al partido mayoritario el control de la Cámara de Diputados a través de las diputaciones plurinominales.

Fue sustituida la anterior Comisión Federal Electoral por el Instituto Federal Electoral, que paulatinamente ha ido orientándose a ser un organismo plenamente “ciudadanizado”. Se integra por representantes de los partidos, así como representantes de las dos cámaras, únicamente con derecho a voz, así como consejeros ciudadanos designados por el Legislativo con derecho a voz y voto.

Se incrementó, asimismo, el control de la ciudadanía sobre los procesos electorales, de tal forma que los funcionarios de las casillas se designan por un doble proceso de insaculación y de selección. Se instauró también el Tribunal Federal Electoral, en tanto que la reforma zedillista introdujo la intervención de la Suprema Corte de Justicia en los litigios electorales.

Se implantaron mecanismos de control como el padrón electoral revisado y auditado en varias ocasiones, y la credencial de elector con fotografía. Adicionalmente, se reglamentó el financiamiento de las campañas electorales y de los partidos, si bien la última reforma mantuvo un tope bastante elevado para los gastos de las campañas. Se tipificaron 17 delitos electorales y se legalizó la presencia de observadores, tanto locales como extranjeros.

Las nuevas normas y transformaciones en el sistema político-electoral, aunque han sido previstas para apuntalar al régimen político, en los hechos han servido de contrapunto a la tendencia decreciente en el porcentaje de votos registrados por el PRI desde 1970, cuando recibió el 85.09% de la votación total, disminuyendo al 68.43% en 1982, al 50.36% en 1988 y al 50.18% en la de 1994. Simétricamente, ha aumentado la votación a favor de los principales partidos de oposición.

Con la baja del voto para el PRI se terminó con el sistema de partido casi único, que operaba sin márgenes de competencia, y también termina el periodo del partido dominante para ingresar a un sistema de partidos definido por dos características: un partido dominante en crisis -el PRI frente a la presencia importante de la oposición- y un sistema bipartidista -el PRI frente a una oposición fuerte que le disputa el gobierno estatal y los municipios en casi el 30% del territorio nacional.

El escenario actual está, entonces, marcado por un incremento significativo de la competencia electoral; se han definido reglas más precisas con la intención de alcanzar una mayor equidad y transparencia electorales; se han introducido obstáculos que dificultan el apoyo y uso de recursos públicos por el partido oficial; se ha hecho una depuración de los partidos políticos y se abrió la opción, nuevamente, de la participación de asociaciones políticas, aunque se mantiene el veto a las coaliciones, a las candidaturas independientes, a la iniciativa popular y al plebiscito o al referéndum como mecanismos de consulta ciudadana

5. Variantes de la transición
Escenarios de la coyuntura (1997-2000)

Se habla de una transición política como un proceso de cambios limitado en el tiempo y que marca el final de un régimen y el establecimiento de otro con características institucionalmente distintas. En el debate sobre la posible transición en México destacan tres tipos de enfoques: uno que considera que el cambio político comenzó en 1968, al tornarse evidente el agotamiento de un modelo específico de estabilidad política, ruptura que también se interpreta como resultado de un proceso más amplio de secularización de la sociedad. Según este enfoque, los procesos de modernización económica y social deberían incidir en la dinamización del lento avance de la liberalización política, sobre la base de considerar al régimen mexicano como esencialmente no democrático.

Un segundo enfoque sitúa el inicio del proceso de cambio en un plazo más cercano, bajo la presunción de que la mayor apertura en el mercado debería traer consigo una mayor liberalización política y, por ende, una mejor democracia. Este segundo enfoque acentúa la primacía de la economía sobre la política, considerando posible el desarrollo de una democracia efectiva en nuestro país a partir de una secuencia que se inicia con la apertura de la economía y concluye con una total apertura de la política. Este enfoque prevaleció hasta mediados de la década de los 90, fincado en la convicción de que la estabilidad financiera auspiciada por Salinas constituiría el núcleo del cambio político, aunque los hechos acaecidos en 1994 harían reventar la pompa de la ilusión.

El tercer enfoque toma como punto de partida los sucesos de diciembre de 1994 y el brusco panorama de inestabilidad que se suscitó; aunque se finca en el enfoque anterior, en cuanto al sentido causal de la economía, en un segundo momento es la política la que preside y orienta a la economía. De manera muy general, aunque este enfoque se encuentra aún entre paréntesis (o corchetes) puesto que los hechos están todavía en curso, se le subdivide en tres escenarios: de conservación, de innovación y de ruptura.

El primer escenario supone la continuación del enfoque aperturista, si bien incorporándole los ingredientes de la nueva crisis financiera y política, lo que hace indispensable en esta vertiente el reforzamiento por vía legislativa del aparato político tradicional y el auxilio económico y político externo; esta restauración del viejo orden, si bien prevé medidas de endurecimiento para retornar a los mecanismos previos de control, también supondría un cierto mejoramiento democrático a través de las opciones abiertas por el reordenamiento económico.

El escenario innovativo parte de interpretar el crack financiero de 1994 como señal del agotamiento definitivo del sistema político basado en el binomio presidencialismo-partido de Estado; por ende, si bien prevé la continuación de circunstancias adversas en el plano económico, considera válido paliarlas mediante avances en el marco de las libertades y derechos políticos; vista como una transición “de común acuerdo”, el consenso entre las fuerzas políticas posibilitaría atender los efectos más dramáticos de la crisis económica y, a cierto plazo, la superación de ésta. Las principales presiones y problemas serían de carácter externo, dada la posibilidad de algún tipo de moratoria.

Por último, el escenario de ruptura supone una descomposición drástica de los equilibrios que han mantenido la estabilidad política del país. Este escenario está fincado sobre la antes enunciada “crisis mexicana” de largo aliento (política, económica, social e institucional), cuyo resultado acumulativo traería consigo la fractura de los márgenes de consenso y de obediencia que sustentan la sobrevivencia del régimen político. Este escenario supone la desaparición de las normas básicas de convivencia social y, por ende, la confrontación destructiva de fuerzas que harían peligrar la factibilidad de la nación.

La agenda política después del 21 de agosto de 1994 se concentraba en los siguientes puntos: acotar el poder presidencial, separar al PRI de su connivencia con el gobierno, depurar el Poder Judicial, dar efectividad y autonomía al Poder Legislativo, definir un nuevo pacto entre la Federación y los estados, propiciar una mejor distribución del ingreso, elementos que básicamente suponían una profunda reforma política, tanto del régimen como del Estado, por ende.

Los hechos posteriores a la elección prácticamente desmienten cada uno de los puntos de esa agenda; después de perfilar una presunta “sana distancia” con el PRI, el presidente Zedillo retornó al redil partidista y tiende a convertirse en su principal propagandista, como en los viejos tiempos; en tal talante, asume personalmente la respuesta a los críticos de su actuación, de su gobierno y de su partido en términos de franco regaño y, en momentos, con visos de intolerancia.

La modificación del Poder Judicial fue una de las primeras acciones del gobierno zedillista, si bien controvertida en la forma de ejecutarla; por otra parte, la impartición de la justicia a los pobladores, en los niveles del ministerio público y los jueces de distrito, dista mucho de ser satisfactoria y se realimenta con las deficiencias, arbitrariedades y la práctica inexistencia de los instrumentos requeridos por la seguridad ciudadana. En tanto, la batalla contra el narco parece a punto de estar perdida.

También el nuevo gobierno anunció una reforma política que sería “definitiva”, misma que se limitó al capítulo electoral en términos de acentuar la ciudadanización del IFE y las garantías de competencia y vigilancia de los comicios, adicionando algunos elementos a las reformas aprobadas en tiempos de Salinas; en todo caso, será probada en ocasión de las elecciones del próximo 6 de julio.

La contienda electoral de este año es considerada como crucial para definir el futuro de la vida política de la nación, con miras a la posible transición democrática y la eventual transformación del régimen político, o bien el reforzamiento del statu quo y la continuación de la hegemonía priísta tras algunas modificaciones para ajustarse a la política neoliberal. Esto es, la consagración del reich salinista (con Salinas presente o no), profetizado para remontarse a las primeras décadas del nuevo milenio.

Los acontecimientos de los últimos 36 meses manifiestan las dificultades de que el Ejecutivo concentre la solución de los problemas públicos, como era norma en el pasado inmediato; estructuralmente, desaparecieron las capacidades del sector público para ser el agente de la articulación y la promoción de una sociedad cada vez más articulada; se han modificado los elementos que sustentaban al régimen: el carácter del Estado, el tipo de alianzas que lo constituía, así como su principio, lo cual significa un cambio de régimen político.

Los acontecimientos posteriores a 1994 permiten concebir la existencia de una crisis institucional, con un fuerte descenso de la confianza de la población respecto de la forma de gestionar los asuntos públicos, lo cual reproduce en cierta forma el contexto de crisis política que acompaño a los sucesos de 1968, sin omitir las grandes diferencias entre un momento y otro; la coyuntura, así, puede dar pauta tanto a un proceso de transición democrática como, asimismo, podría conducir a situaciones momentáneas de autoritarismo e intolerancia.

El problema esencial parece ser la creciente debilidad del Estado y sus instituciones, la incapacidad para generar equilibrios, el déficit de organización social y económica; existe una carencia de dirección política para conducir la organización de los intereses económicos y políticos del país en las propias instituciones.

Es urgente, ante este escenario, sentar las bases para la reforma del Estado con enfoques que hagan posible reordenar el tramado de relaciones y vínculos de las fuerzas sociales a lo largo de la nación, redes básicas que hoy se ven amenazadas por el imperio de la inseguridad y la delincuencia organizada, en tanto que no existen estructuras de autoridad legitimada que enfrenten esa incertidumbre y permitan la convivencia de los principales poderes territoriales con las capas medias y los sectores populares, para sentar las bases de la equidad. Se ensancha el vacío de poder, en su sentido tradicional, y no se vislumbran con claridad los mecanismos de renovación y alternativa.

México, D.F., febrero de 1997

BIBLIOGRAFÍA

--Offe, Claus, Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Ed. Sistema, Col. Politeia, Madrid, 1992.
--Cárdenas Gracia, Jaime F., Crisis de legitimidad y democracia interna de los partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, 1992, México.
--Sartori, Giovanni, Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados, Fondo de Cultura Económica, primera reimpresión 1996, México
--Alberto Aziz Nassif (Cord.), México: una agenda para el fin de siglo, La Jornada Ed. y Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades/ UNAM, 1996, México.
--Villa, Manuel, Los años furiosos: 1994-1995- La reforma del Estado y el futuro de México, Flacso/ Miguel Angel Porrúa, 1996, México.

Final de siglo - GOBIERNO RELUCTANTE

GOBIERNO RELUCTANTE:
entre los rumores y el “chupacabras”

Ejercicio de análisis sistémico sobre el debate político
en torno a la “renuncia” del Presidente Zedillo

1. HIPOTESIS.- Cambio de piel, nuevo paradigma

1.1. Paralelismo histórico. México vive hoy una crisis política similar a la de los años 1928 y 1935-36.

En el primer caso, cuando el gobierno de Calles enfrentó el asesinato de Obregón que casi rompió con las estructuras que lo sustentaban. Entonces, la habilidad del mandatario y su conocimiento de las fuerzas polìticas en juego le permitieron salir adelante bajo la bandera de la transición del caudillismo a la vida institucional. De esa crisis surge el aún dominante partido oficial.

A su vez, en choque precisamente con el “maximato” de Calles, Cárdenas organizó corporativamente a los campesinos y obreros, a los soldados, a los empleados públicos y los empresarios; promovió la educación popular y técnica y, junto con las nacionalizaciones y la reforma agraria, logró consolidar la legitimación del poder presidencial que ha llegado prácticamente hasta nuestros días. (Horacio Labastida, 7-VI-96)

1.2. Rumores de renuncia. En los actuales días, una perturbación de alcances cruciales -en caso de concretarse- ha sido la especulación acerca de la presunta renuncia del Presidente de la República.

Tal tipo de especulaciones o “borregos” se han dado casi en todos los periodos sexenales pasados, pero entonces se desencadenaban al llegar a los últimos años del mandato. Formaban parte de los rituales de la sucesión presidencial, del rejuego de presiones y golpes a trasmano que caracterizaban al cambio de gobierno, cuando el “destape” del candidato priista culminaba con la gran cargada de los búfalos a lo largo de la campaña electoral.

1.3. Recambio o transición. La situación de anomia política que estamos viviendo, prolongada a través de los 19 meses del régimen zedillista, constituye, de una parte, un episodio casi melodramático inserto dentro del posible recambio o transición del modelo de gobierno vigente desde 1929, correspondiente a la égida de los regímenes posrevolucionarios o de la “familia revolucionaria”.

1.4. Predominio de los tecnocrátas. De hecho, por otra parte, el cuadro atípico que presenciamos no se ha gestado en el zozobrante año y medio máS cercano, sino que data desde el periodo de Miguel de la Madrid, valga decir, desde el ascenso de los economistas-monetaristas blasonados como “tecnócratas”, egresados de las universidades de élite estadunidenses y adictos al modelo neoliberal.

1.5. Nueva derecha o neoliberalismo. El nuevo paradigma, sin embargo, de ningún modo se restringe a un simple trastrueque de disciplina curricular: obedece a un panorama mundial de disminución de la función estatal y de demérito de los partidos políticos -pregonado aunque no impuesto por la “nueva derecha” o neoliberalismo-, así como, y no como mera coincidencia, del desplome del modelo totalitarista conocido como socialismo real.

Tal modelo, en las sociedades desarrolladas se ha aplicado para dotar de subsidios a los ricos y cancelar los apoyos sociales del anterior Estado de bienestar; el intervencionismo estatal sigue vigente -a través de tasas de interés o de contratos para la producción conspicua: armas, alta tecnología- y con márgenes proteccionistas crecientes, mientras se obliga a los países pobres a aplicar de manera ortodoxa el modelo en detrimento de su economía y de sus pueblos.

1.6. Transición ordenada o catástrofe. En este marco, la perspectiva mexicana del recambio, de la “transición” o la alternancia del régimen político -conceptos que, a su vez, postulan cada uno un escenario distinto- podría ser más o menos ordenada o, sin más, catastrófica, según el sentido que tome la factible o no, plausible o no, o quizás “autocultivada” renuncia de Ernesto Zedillo.

2. MARCO CONCEPTUAL.- Enfoque sistémico

2.1. Análisis sistémico. Del análisis sistémico planteado por David Easton se recogen algunos elementos y categorizaciones (subrayados míos, C.H.E.) que corresponden al momento político que se vive en México, posibilitando avanzar en su interpretación y comprensión.

2.2. Asignación autoritaria de valores. Un sistema político es el sistema de conducta más inclusivo de una sociedad para la asignación autoritaria de valores. Las interacciones políticas se distinguen de otras interacciones sociales en que se orientan predominantemente hacia la asignación autoritaria de valores para una sociedad.

Las asignaciones autoritaria u obligatorias distribuyen cosas valoradas entre personas y grupos de acuerdo a tres procedimientos posibles: privan a una persona de algo valioso que poseía, entorpecen la consecución de valores que, de lo contrario, se habrían conseguido, o bien permiten el acceso a los valores a unas personas y lo niegan a otras.

2.3. Sistema polìtico. El sistema polìtico aparece como un conjunto delimitado de interacciones, enclavado en otros sistemas sociales y rodeado de ellos y bajo cuya influencia está constantemente expuesto (ambiente).

En tal sentido, resulta útil interpretar los fenómenos políticos como constitutivos de un sistema abierto que debe abordar los problemas generados por su exposición a las influencias procedentes de aquellos otros sistemas ambientales.

2.4. Elementos del sistema. Los conceptos principales que es preciso entender para analizar la vida política en el marco sistémico son los de sistema, ambiente, retroalimentación y respuesta.

Todo sistema persistente está dotado de recursos homeostáticos que lo ayudan a enfrentar la tensión. Para que subsista es preciso que consiga retroalimentarse en grado suficiente de sus realizaciones pasadas y que pueda tomar medidas para regular su conducta futura.

2.5. Variables esenciales. Como variables esenciales se entiende la capacidad de un sistema para ser más o menos capaz de tomar decisiones, ejecutarlas y lograr implantarlas como obligatorias. Toda vez que una perturbación entorpezca una variable esencial en lugar de favorecerla cabe considerarla tensiva.

2.6. Persistencia y tensión. La cuestión reside siempre en que la capacidad de tomar decisiones no caiga por debajo de algún punto crítico. Las autoridades no siempre son capaces de tomar decisiones; se han observado varios grados de parálisis, como en la República de Weimar y en la Segunda y Tercera República Francesa.

Para que pueda perdurar en una sociedad cualquiera un sistema que cumpla la función polìtica básica de adopción y ejecución de asignaciones obligatorias, es preciso que los miembros estén preparados para enfrentar las perturbaciones que llevan a la tensión, cualquiera sea su origen.

Si se deja que una perturbación siga su marcha puede llevar a la destrucción total del sistema y hasta impedir que resurja en cualquier otra forma. Las consecuencias de las perturbaciones sobre el destino del sistema en sí -si sobrevive y en qué forma sobrevive- dependerán de la capacidad y agilidad de este último para enfrentar la tensión.

2.6. Demandas. Los cambios en el volumen y la diversidad de las demandas constituyen uno de los tipos principales de tensión. Un sistema puede estar expuesto de dos modos a tensión procedente de las demandas. Por una parte, si sus autoridades no están en condiciones de satisfacer en cierta proporción las demandas de los miembros (por lo menos las de los políticamente poderosos), o se resisten a hacerlo, esta situación provocará en definitiva un descontento cada vez mayor.

A su debido tiempo, si las demandas siguen siendo soslayadas o desechadas la insatisfacción de los miembros que cuentan se puede extender también al régimen de gobierno. En ciertas circunstancias, algunos grupos podrían intentar apartarse de la comunidad iniciando un movimiento separatista.

2.7. Apoyo difuso. Un sistema puede tratar de inculcar en sus miembros un alto grado de apoyo difuso a fin de que, pase lo que pase, los miembros continúen vinculados a él por fuertes lazos de lealtad y afecto.

2.8 Apoyo específico. Productos. Una última categoría importante de respuesta a la tensión derivada del apoyo se puede describir como productos. Mediante ellos, cabe estimular el insumo de apoyo específico cuando el apoyo difuso amenaza con descender hasta un punto peligrosamente bajo

Cuando un sistema desatiende en forma regular y continua las demandas mínimas que los miembros juzgan justas -y que variarán según el momento histórico y la cultura- el insumo de apoyo específico disminuye. Si la frustración sistemática de las que se estiman necesidades justas se extiende durante lapsos prolongados y no es compensada con un aumento de apoyo difuso, lleva a un grado de agotamiento del apoyo específico que debilita radicalmente al sistema.

2.9. Proceso de conversión. Se está describiendo aquí un gran proceso de conversión. En él se actúa sobre los insumos de demandas y apoyo de modo que el sistema pueda persistir y crear productos que satisfagan las demandas de algunos, por lo menos, de los miembros, reteniendo el apoyo de la mayoría. El sistema constituye un modo de traducir en asignaciones autoritarias las demandas y el apoyo.

3. COYUNTURA ACTUAL Y CONCLUSIONES.-
Entre el “chupacabras y el “borrego” de la renuncia

3.1. Tres olas de rumores, tres.- Hay quien ha afirmado que no se sabe qué es peor: el temor popular al “chupacabras” o que se siga dócilmente el “borrego” de la renuncia del presidente Zedillo.

Nuestras carencias educativas bastan para explicar el miedo al “chupacabras”, pero en el borrego de la renuncia presidencial hay algo más. Rumores especiosos como ese prosperan porque hay elementos formales que crean oportunidades políticas para quienes quieran aprovecharlas, y porque hay en el ambiente político signos de tensión y descontrol que los alientan. (Juan Molinar Horcasitas, 10-VI-96)

Ésta es la tercera ocasión desde que ascendió al poder en que surge y cobra fuerza el rumor de que Ernesto Zedillo estaría obligado a renunciar a su cargo. La primera vez fue después del operativo militar que en febrero de 1995 ordenó en Chiapas; el fallido desenlace del episodio pudo ser contrarrestado mediante la sorpresa, e incluso algarabía, que suscitó la detención del hermano del ex-presidente Salinas.

La segunda ola de rumores tuvo lugar en noviembre del año pasado, cuando desde el Dow Jones se manejó la especie de que los militares preparaban un cuartelazo para sustituir a Zedillo, a raiz de lo cual se desplomó la bolsa de valores. Se atribuyó entonces la progenitura del rumor a Carlos Salinas, empleado de Dow Jones, pero fue su hermano Raúl el elemento distractor, ahora a propósito del descubrimiento de sus cuentas en Suiza.
La tercera y más reciente versión se ha atribuido a varias fuentes y dado ocasión para un verdadero debate nacional. Por una parte, Se presume que se originó también en Estados Unidos, ahora por vía de Christopher Whalen, consultor en Washington, quien publicó un artículo atribuyendo la conjura a Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación y ligado a Hank González, y a José Córdoba Montoya, el superasesor salinista a quien, por otro lado, se sitúa como flamante operador político del mismo Zedillo.

Fuentes oficiales, a través de gacetilleros y columnistas a sueldo, propalaron que el origen del rumor era la reunión celebrada a principios de mayo por Jorge G. Castañeda y Carlos Salinas en Irlanda. En igual talante, se imputó la paternidad del “borrego” al diputado Adolfo Aguilar Zinzer, partícipe destacado en la investigación congresional de los fraudes a la CONASUPO, así como a miembros del ex-Grupo San Angel, después promotores del ciclo Los Compromisos con la Nación.

3.2. Condiciones de la presunta renuncia.- El rumor de finales de mayo cifraba su validez en la presunción de que la renuncia del Zedillo tuviera efecto antes del 1º de diciembre próximo, porque en tal caso el presidente interino que fuera designado no estaría obligado a convocar a nuevas elecciones y podría completar los cuatro años restantes del mandato.

Destaca asimismo, en torno a esta presunción, el hecho de que la única posibilidad de que un presidente renuncie, de acuerdo al artículo 86 constitucional, obedece a una “causa grave” que calificaría el Congreso de la Unión. De hecho, entonces, el régimen constitucional mexicano no incluye ningún elemento destinado a la revocación del mandato, con excepción de la susodicha “falta grave” o bien en último extremo el recurso del juicio polìtico, mediante el cual podría ser acusado por la Cámara de Diputados ante la de Senadores por “traición a la patria” o delitos graves (artículo 109). (Luis Javier Garrido 7-VI-96)

3.3. Ejes coyuntural y estructural.- El tejemaneje en torno a los rumores gravita sobre un eje circunstancial y otro estructural, mismos que a su vez son interdependientes. La primera situación tiene como referente a un primer mandatario que ocupa el cargo a título de emergente, sin haber desplegado la red de contactos y alianzas que es fundamental y sin cumplir con una amplia carrera política que le diera experiencia y fogueo.

El segundo factor de la crisis radica en el agotamiento de los marcos jurídicos y políticos que dan sostén a nuestra vigencia como nación. La certeza de tal agotamiento hace indispensable plantear y avanzar firmemente hacia una transición a otro régimen de convivencia política y jurídica. A este respecto
Está, por un lado, la erosionada centralidad de la Presidencia de la República. La ahora vapuleada concepción del Ejecutivo como un coagulo de poder que, durante décadas, ocupó la cúspide y el horizonte de la vida organizada del país. Al ir perdiendo estelaridad, los jaloneos constantes le impiden ver, con la precisión necesaria, dónde empieza la pluralidad, las vicisitudes y el crecimiento de las fuerzas sociales, las salidas alternativas y los límites que encuentra su hegemonía. (Luis Linares Zapata, 12-VI-96)

Anteriormente, el apoyo que recibía el gobierno estaba apuntalado a partir de una amplia coalición de grupos e intereses, lo cual se expresaba en una visión hegemónica que era articulada en un régimen de partido de Estado. Hoy, tal coalición aparece fracturada. Al parejo de la crisis recurrente se han multiplicado los problemas políticos y no encuentran el fuerte entramado que le daba apoyo a su tesitura autoritaria. El gran cuello de botella estriba en que el autoritarismo no ha desaparecido, como tampoco toman cuerpo las formas democráticas que lo sustituyan.

Coyunturalmente, la crisis de la tercera “renuncia” emerge cuando se encuentra pendiente una nutrida agenda de cabos sueltos: una reforma política que un día se teje y al otro se desbarata; la interminable negociación en Chiapas; la recuperación económica, aún muy débil; la inseguridad pública y el narcotráfico avasallando los espacios sociales.

Otros hitos neurálgicos: los arreglos de Huejotzingo y sus secuelas; el dictamen denegatorio al juicio político contra Rubén Figueroa; la situación de Tabasco y el involucramiento de dineros de Cabal y del narco; el conflicto magisterial y la remoción de David Garay, la nueva estrategia de las autoridades ante las manifestaciones, la posposición de la asamblea priista y la posibilidad de cambios en el gabinete y en el dirección del PRI.

3.4. La emergencia ya llegó; decepción anticipada.- Todo este panorama contiene dos elementos anotados por Granados Chapa en relación a los rumores:

“Ya vivimos la paradoja de que el terrible panorama pintado por la propaganda oficial para el caso de que ganara la oposición en 1994 se produjera de todos modos, aun con la victoria de quien iba a impedirlo...”, situación paradójica y desalentadora que se agudiza en razón de otra observación de Granados, cuando señala que anteriormente el inicio de un gobierno aparejaba una esperanza de renovación y mejores tiempos, que casi siempre se perdía al final del periodo. “Ahora, sin embargo, el ciclo se rompió. La crisis de esperanza se produjo no al final de un periodo presidencial, sino al comienzo del mismo”.

De hecho, el país lleva 25 años inmerso en un ciclo de crisis-recuperación-recaída. A su vez, las encuestas más recientes ofrecen resultados adversos al presidente Zedillo, que el 2 de junio salió “reprobado” (5.6 en Reforma) y con 5.5 en la muestra del CEO de la Universidad de Guadalajara, el 4 de junio. Según Easton, ante circunstancias de paralización y desplome de respuestas y productos por parte de un sistema político, la alternativa extrema radica en estructurar un nuevo orden constitucional y una nueva institucionalidad. ¿Hemos llegado a esa urgencia en México? Y, ¿en qué términos y cómo ejecutarla?

3.5. Cuadro de conclusiones: Presidencia reluctante.-

Cabría, entonces, concluir:

Þ La actuación presidencial luce aislada del conjunto del aparato de gobierno y del gabinete y ha sido definida como ejecutivismo y personalismo extremo;
Þ Desde la crisis política -y su remate económico- de 1994, se rompieron las reglas del juego político sin que terminen por definirse otras nuevas, ante lo cual se producen “vacíos” políticos;
Þ El presidente Zedillo ha evitado romper con el ex-presidente Salinas y únicamente busca espacios de maniobra, o bien recupera a los operadores políticos del ex-mandatario;
Þ El mandatario postuló una reforma política “definitiva”, cuya realización muestra grandes retrasos por conflictos protagonizados por el gobierno o por los partidos políticos;
Þ Zedillo ha postulado una Presidencia “democrática”, ajena a atributos metaconstitucionales y con una “sana” distancia del partido oficial, pero en los hechos esto no se concreta;
Þ Han sido reiteradas las contradicciones en el discurso presidencial, que un día asevera algo y al siguiente se desdice, propiciando un deterioro intenso de credibilidad;
Þ Las negociaciones con el EZLN han sufrido grandes interrupciones y hasta amagos de rompimiento, después de hechos como la ofensiva del Ejército de febrero de 1995 y el encarcelamiento y sentencia contra Elorriaga, finalmente y a destiempo liberado;
Þ El aparato de gobierno se muestra paralizado y reticente a compromisos o a simples actos de gobierno, lo cual a su vez ha sido una estrategia utilizada por diversos regímenes políticos del capitalismo tardío;
Þ No se ha logrado perfilar políticamente la coalición de gobierno con el PAN, con el cual se incurre nuevamente en “concertacesiones” vergonzantes pero sin obtener ventajas;
Þ El bloque de gobernadores parece mantenerse a la expectativa, si bien algunos de los “duros” se han opuesto o discrepado de la Presidencia, postulando un federalismo que tiene más bien visos de neofeudalismo;
Þ Ante el “episodio” de los rumores -real o artificial-, la respuesta oficial ha sido desencadenar una ofensiva contra los críticos -llamados “pesimistas” o, de plano, “adversarios”- y, por ende, en choque con los medios de comunicación independientes;
Þ El conjunto de situaciones anotadas da como resultado señalamientos de “ingobernabilidad”, de crisis estructural del sistema y, por ende, de positiva factibilidad para la “renuncia” presidencial.
Þ Las voces de defensa arguyen que el país no se encuentra en quiebra institucional, que las élites conservan márgenes de hegemonía, el gobierno cuenta con apoyos externos (la presidencia de Estados Unidos) y el de las fuerzas armadas. Si bien las características personales del Presidente conspiran desfavorablemente en cuanto a su imagen pública y a la gestión de gobierno, se considera que una renuncia en tal nivel provocaría más aspectos críticos contra el país que oportunidades a favor.
Þ En última instancia, las diversas fuerzas se pronuncian por completar el proceso de transición y reforma política, en términos que impliquen refundar el sistema de gobierno y un profundo esclarecimiento del rumbo a seguir. Frente a la nuevas crisis sistémica que se barrunta, la alternativa demandada es retornar a la confianza civil, la consistencia y la congruencia.

Claustro de Sor Juana, junio 22/96
Diplomado de Análisis Político

REFERENCIAS:
Libros
--Easton, David, Esquema para el análisis político, Amorrortu De., Buenos Aires, 6ª reimpresión 1992
--Meyer, Lorenzo, Liberalismo autoritario. Las contradicciones del sistema político mexicano, Ed. Oceáno, México, 1995
--Oppenheimer, Andrés, México: en la frontera del caos, Javier Vergara De., México, 1996

Artículos
La Jornada:
--Miguel Cobián Pérez, “Cabos sueltos”, 2-VI-96
--Alberto Aziz Nassif, “Contra los pesimistas”, 4-VI-96
--Luis Linares Zapata, “Los peligros de la espera”, 5-VI-96
--Víctor Flores Olea, “Los peligros de la espera”, 5-VI-96
--Luis Javier Garrido, La renuncia”, 7-VI-96
--Luis Linares Zapata, “Desencuentros”, 12-Vi-96

Reforma:
--Miguel Angel Granados Chapa, Col. Plaza Pública, “Renuncia presidencial”, 4-VI-96
--Federico Reyes Heroles, “Zedillo y los fantasmas”, 4-VI-96
--Alfonso Lujambio, “¿Cuál renuncia?”, 7-VI-96
--Jaime Sánchez Susarrey, “La vacuna de Whalen”, 8-VI-96
--Juan Molinar Horcasitas, “Control, asambleas, rumores”, 10-VI-96
--Juan Antonio Crespo, “Zedillo, ¿en jaque?”, 10-VI-96
--Raymundo Riva Palacio, “Cuestión de carácter”, 10-VI-96
--Humberto Musacchio, “Dos discursos”, 11-VI-96
--Gustavo Esteva, “Contra cinismo, vergüenza”, 12-VI-96

El Financiero:
--Carlos Ramírez, Col. Indicador Político, 29-V-96
--Jorge Fernández Ramírez, Col. Razones, “EZP: la primera calle de La Soledad, 10-VI-96
--Carlos Ramírez, Col. Indicador Político, 11-VI-96