Parte II: Del “desafuero” a la Ley Televisa (PRIAN)

Parte II: Del “desafuero”
a la Ley Televisa”
(el PRIAN)
.

El escándalo político como
transición transada
(o “en este gobierno
no pasa nada”)

Con los escándalos políticos, reflejados a través del gran magnavoz audiovisual que es la televisión, culmina la “transición transada” del gobierno del “cambio” foxista, donde “no pasa nada”. En realidad, con la PGR como su perro de presa, el creel-foxismo encarrerado al cambio presidencial de 2006 puso en juego el “no-complot” contra el PRD y su presunto candidato López Obrador, a través de un juego de intrigas cortesanas del más claro sabor marista-jesuítico (léase Instituto México-Universidad Iberoamericana).
Para ello, con las oportunas filtraciones y “hallazgos” de cintas de video en las puertas de los canales de TV, el Estado Mayor compuesto por Gobernación y el aparato judicial de la PGR ha aprovechado una tendencia existente en los medios de comunicación masiva a finales del siglo XX: la predilección por el escándalo político.
Como recordaremos, a mediados de los años 90 los medios de comunicación estadunidenses, ­y por rebote los del resto del mundo, dieron una muy amplia cobertura a un hecho sucedido en la Casa Blanca: el caso Mónica Lewinsky-Bill Clinton.
Según los analistas, el aumento de los escándalos políticos tiene correspondencia con las transformaciones provocadas por los medios de comunicación, los cuales modifican la naturaleza de la visibilidad y han alterado las relaciones entre la esfera privada y la pública. Así, el incremento del escándalo se vuelve un acontecimiento mediático; se impone en la agenda pública el predominio del escándalo político y sexual en la esfera del poder; se examina la vida privada en el ámbito público.
Con el desarrollo de las sociedades modernas, la naturaleza, el alcance y las consecuencias de los escándalos han variado en algunos aspectos. Y uno de los aspectos en que han cambiado se relaciona con el hecho de encontrarse cada vez más vinculados a formas de comunicación mediata y masiva.
A partir de este fenómeno, en los años recientes vemos imponerse la modalidad del "escándalo mediático" en nuestra vida política, y se trata de escándalos que difieren de los habituales y locales y cuyas consecuencias tienen un alcance completamente diferente. Incluso los que parecerían escándalos locales, como los linchamientos en Tláhuac, por vía de los medios cobraron alcances nacionales y permitieron poner cabezas en la guillotina.
En ese sentido, la estrategia derechista del PAN y del clero soterrado (vestido de civil en Bucareli) parece estar ganándole la batalla de los medios y del predominio sobre la opinión pública a la izquierda (teniendo como aliado a otro “izquierdista” empanizado­: el PRI de Madrazo y compañía).
Se dice que los escándalos mediáticos no son simples escándalos reflejados en los medios y cuya existencia sea independiente de esos medios: son provocados, de modos diversos, por las propias formas de la comunicación mediática, con la evidente complicidad de aquellas dependencias gubernamentales que tienen injerencia en los medios, como ha sido la antañosa RTC (Radio, Televisión y Cine) y la todavía flamante subsecretaría de Comunicación Social de Gobernación, creada en tiempos de Zedillo.
Una de las razones por las cuales los escándalos sexuales (o de dinero o de leguleyos) tienen la capacidad potencial de producir perjuicios a las figuras políticas, a sus partidos y a los gobiernos de los que forman parte, es la vinculada con el factor de la hipocresía, y pueden ser perjudiciales porque seguramente ocasionan conflictos de interés.
Una de las conclusiones a las que se arriba en estos análisis es que el escándalo está profundamente arraigado en nuestras tradiciones históricas –desde el virreinato– e íntimamente entrelazado con el desarrollo de las formas de la comunicación mediática. Un desarrollo que ha cambiado la naturaleza de ámbito público y que ha transformado los límites existentes entre las esferas pública y privada.
El escándalo político no es, así, una simple mirada frívola sobre la vida privada de personajes públicos en las sociedades modernas. Sino que revela las intrigantes interacciones entre los medios de comunicación y los actores políticos, desde una perspectiva sociológica que han magnificado los medios con un sentido mercantil.
Desde el caso Profumo, en Inglaterra, hasta los concursos de televisión amañados, desde el Watergate al asunto Clinton-Lewinsky, los escándalos se convierten en un aspecto fundamental de la vida política moderna. Al diluirse la línea divisora entre lo público y lo privado en la cobertura de los políticos, éstos se han convertido en presas de caza legítima para informar sobre delitos menores que solían ser ignorados.
En el caso de México, su utilización por el creel-foxismo manifiesta no sólo la intrusión creciente de los medios en los asuntos públicos, en la agenda política, sino también la inexistencia de un verdadero proyecto político democrático por parte del gobierno actual y su necesidad de acudir a los viejos recursos de la intriga cortesana-clerical para resolver su incapacidad de mantenerse en el poder. En realidad, se convierten en la mano del gato para sacarle las castañas del fuego al gato priista jurásico, que se prepara para ejercer de nuevo el monopolio político ¿por otros 70 años?

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La “marranada” de Fox…
(o cómo hacerle el trabajo
sucio al PRI)

El desafuero, la triquiñuela leguleya-inquisitorial del dúo Fox-Creel para expulsar de la próxima jugada presidencial al Jefe de Gobierno capitalino, tiende a constituir un nuevo episodio de la imposición de los partidos sobre la voluntad de los ciudadanos. No importa cómo hayan votado éstos: el pri-panismo establece una alianza “non-sancta” para eliminar a su principal competidor en la sucesión presidencial; aunque, en realidad, el TUCEP (Todos Unidos Contra El Peje) servirá para entregar el poder político en charola nuevamente al PRI, a través del desprestigio y la posible violencia social patrocinada por el PAN.
Cada vez es más claro en México que la vida política y la democracia se han desvirtuado a favor de la dominación de los partidos y sus dirigencias por encima de la decisión de la mayoría. Sólo así se explica que pueda utilizarse un mecanismo extraído de nuestro pasado virreinal, como era la invalidación y el despojo absoluto de algún personaje mediante el “juicio irrevocable y secreto” de la Santa Inquisición. Así, el complot “inexistente”, la troika Gobernación(CISEN)-PGR-Suprema Corte se complementa con la “partidocracia” (PAN, PRI, Verde y demás corifeos) para burlar el voto ciudadano e imponer lo que el politólogo neomarxista Klaus Offe llama consenso impuesto o "lealtad pasiva".
Una situación de consenso impuesto se funda en la ruptura de lazos entre la vida social y la política, una vez que se han abierto grandes brechas de desconfianza hacia el sistema político. Esta situación muestra hasta qué punto aparece como una rutina insuperable del sistema político la incapacidad de la acción social para modificar decisivamente la política institucional, el poder de los partidos; hasta qué punto la voluntad política puede expresarse mediante el voto pero no mediante la acción ciudadana; y expresa mejor que ninguna otra cómo la privatización ciudadana y la despolitización son altamente funcionales para el sistema (o, más bien, para el regreso de la “bestia negra”: el PRI de Madrazo).
Puesto que no es posible suponer que los ciudadanos se sientan normalmente obligados a someterse a decisiones que han sido tomadas en su nombre, pero no por ellos –dice Offe–, se hace precisa la amenaza de sanciones con el fin de forzarles a hacer aquello que la ley exige. De esta manera, la voluntad empírica de los ciudadanos es puesta entre paréntesis y se ve neutralizada por la inserción de mecanismos representativos y por el monopolio estatal de la violencia. Esta neutralización afecta tanto a la función activa (participativa) de la voluntad empírica, como a su función negativa (sumisión).
Las rutinas y la amenaza coercitiva a los que alude Offe, son, sin duda, instrumentos fundamentales en la creación de esa lealtad pasiva. Pero las situaciones de crisis muestran también los límites de la capacidad de integración ideológica de la democracia representativa, cuando ésta se coagula en la partidocracia, y precisan en forma mayor de mecanismos exteriores a ella para garantizarla. ¿Está incapacitado el pueblo mexicano para acudir a los mecanismos de regularización democrática que la propia Constitución Política le ofrece –como la desobediencia ante el poder arbitrario?
Vivimos momentos cruciales y dramáticos para la vida social y política de nuestro país. ¿Retrocederemos 30 años, a los tiempos de la “guerra sucia” y del genocidio “no retroactivo”, a través del consenso impuesto por los partidos sobre la voluntad ciudadana?

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“Mediocracia”,
entre la espada y la pared

En la “guerra de medios” que estamos presenciando entre los personajes políticos, principalmente el presidente Fox y el jefe de Gobierno capitalino López Obrador, y que se prolongará seguramente hasta las elecciones de 2006, estamos viendo la interrelación estrecha entre dos grandes rubros de actividad: la política y la comunicación.
Para tratar de aclarar esta relación necesitamos ver qué es cada cosa. La comunicación política no es la política, no se identifica con ella. Pero también sucede que política y comunicación son consustanciales. ¿Una paradoja? Sí, pero aparente. De hecho, no todas las transacciones políticas pueden ser interpretadas mediante términos y categorías de comunicación, pero también es cierto que muchas veces las acciones políticas no llegan a buen puerto sin el recurso a la comunicación, sin un flujo de mensajes que surta determinados efectos.
Si tenemos en cuenta que un proyecto político se desarrolla en circunstancias que son las del conflicto y la búsqueda de consenso, encontraremos que generalmente el candidato tiene que abrirse paso en un ambiente psicológico cargado de ruido y abiertamente competitivo. Así, en principio se cierra el círculo: la comunicación política no es la política, pero la política, o parte considerable de ella, se produce o necesita de manera decisiva de la comunicación política.
Se ha dicho que "la política es una ciencia que estudia las relaciones entre los ciudadanos y el Estado". Es decir, se genera una complicidad entre ambos en la que no puede estar ausente la comunicación, en forma directa o no, ya que un primer principio de la democracia es que la vida política funcione como un gran sistema de diálogos.
En la actualidad, para un político resulta muy difícil gobernar sin el apoyo e incluso la crítica de los medios de comunicación masiva. Es decir, la participación, entendiendo a la democracia como el gobierno de la opinión, podría ser desfavorable o a favor del dirigente. Lo importante, en todo momento, es que la sociedad cuente con los canales de comunicación adecuados para supervisar los actos de los políticos, y para que éstos entren en relación con el conjunto social.
La comunicación tiene como uno de sus propósitos sistematizar los flujos de información entre gobernantes y gobernados. Esto implica que, sin comunicación, la política en una sociedad organizada se vería limitada en alcance, significado y posibilidades. Visto así, comunicar es un acto de naturaleza política.
Aunque la preocupación del hombre por la política y su difusión data del origen de la civilización, actualmente aún no es posible establecer y conciliar intereses, lograr consensos o acuerdos de una manera adecuada, equilibrada y equitativamente justa sin disponer de los medios adecuados de comunicación. Si el ser humano es político por naturaleza, la comunicación que establece es un acto público y de orden político,
Meadow define a la comunicación política como "el intercambio de símbolos o mensajes que con un significativo alcance han sido compartidos por, o tienen consecuencias para, el funcionamiento de los sistemas políticos". Una visión institucionalizada de la comunicación política es la de la D. Nimo, cuando sostiene que "una comunicación (actividad) puede ser considerada política en virtud de las consecuencias (actuales y potenciales) que regulan la conducta humana bajo ciertas condiciones de conflicto".
En la comunicación política intervienen, además, factores de tiempo, lugar, acontecimientos y, lo más importante, las intenciones de quienes participan en ella dentro de un orden político establecido.
Por último, Monzón señala la importancia que han adquirido los medios en el desarrollo de la democracia desde los años noventa. Es la "mediocracia o democracia centrada en los medios de comunicación que está revolucionando el mundo de la información y la política".
Explica que los periodistas han pasado de ser testigos de la actividad pública y política a actores de estos terrenos. Incluso los lideres políticos aprenden nuevas técnicas de comunicación y persuasión, los gobiernos deben dar cuenta de sus actos con mayor rapidez y transparencia y los partidos políticos pierden peso en la escena política para dar paso a la popularidad e imagen de sus líderes; el nuevo espacio público, sin lugar a dudas esta dominado por la información y los medios masivos.
En este panorama, los medios ejercen ya un poder que sobrepasa las posibilidades del ciudadano común, y la política continúa siendo más el privilegio de unos pocos que el ejercicio donde todos actúan por igual. La “guerra mediática” que estamos presenciando da fe de este dilema entre la necesidad de un buen sistema de comunicación política, o bien que sean los medios los que impongan el ritmo y la agenda de la política: la “mediocracia”.
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Las cuentas del Gran Capitán:
(URGENTE) el cambio
del juego político
El enfrentamiento Fox-López Obrador es un juego donde todos pierden: Fox-Creel-PAN, por llevar las cosas a un extremo de confrontación y polarización que vamos todos a lamentar en el marco de las elecciones de 2006; el PRI de Madrazo, por pasarse de listo en las cuentas para aprobar el desafuero haciendo como que no lo aprueban; al final, les va a estallar el cohete desde adentro. Y el PRD, obviamente, por ver incapacitado a su gallo más popular y aceptado. En suma, la ingobernabilidad y la proximidad de episodios de violencia serán el resultado de este escenario que pone en crisis a la titubeante democracia mexicana.
En los hechos, estamos viendo el despliegue de varias formas de jugar a la política. Por un lado, el arcaísmo novohispano que nos viene desde la conquista y el virreinato, aquel de “las cuentas del Gran Capitán” y el “acátese pero no se cumpla”, es decir, la idea de exterminar al oponente y quedarse con toda la ganancia, por un lado, y por otro el formalismo de que la ley se cumpla cabalmente en las mulas de mi compadre pero no en las mías. Este juego no es nada extraño para los asesores maristas-jesuitas de la troika Fox-Creel-Diego (Fernández de Cevallos), avivada por la ultraderecha que ahora dirige la cúpula del PAN.
El otro paradigma se basa en el equilibrio precario de las “clientelas” electorales y los grupos de presión (léase neocorporativismo), que es el modelo “de agregación o democracia elitista” propugnado por Joseph Schumpeter (1947), y que fue seguido religiosamente por los gobiernos de extracción príista y ahora por el foxismo oficial. En este modelo se establece la “alquimia electoral” para el control de las elecciones y la despolitización de las masas y su alejamiento de la toma de decisiones políticas, por medio del mecanismo neocorporativo. Este modelo es el que trata de volver a Los Pinos e inaugurar otros 70 años de neopríismo.
Entre los extremos del juego adversario-enemigo (Maquiavelo-Schmitt) y la manipulación clientelar elitista, se pretende mantener un consenso impuesto de corte liberal, bajo los supuestos de un formalismo abstracto llamado Estado de Derecho por los propagandistas del sistema, que pugna por eliminar en el papel las contradicciones y establecer la reconciliación entre los participantes en el juego político-social, también en el papel. Este modelo de democracia liberal, basado en reglas universales, es el que está en crisis en México y en otros lugares del planeta, según expone la filósofa política Chantal Mouffe en su “Retorno a lo político”, en “La paradoja democrática” y la idea de la democracia pluralista y radical.
En la encrucijada que supone el desafuero, o no, de López Obrador, sigue siendo pertinente pensar en la política al menos desde dos cosas, que a su vez implican a la comunicación política: la primera, que la política, en último término, gira en torno a la relación entre gobernantes y gobernados; la segunda, que la política genera comportamientos diferenciados -distintos de otros comportamientos-, y que esos comportamientos tienen que ver menos con la polaridad enemigo-adversario y más con la relación amigo/adversario.
Lo uno y lo otro nos llevan al punto que hemos venido tratando aquí: que política y comunicación son consustanciales, porque la primera gira en torno a la relación entre gobernantes y gobernados, y esa relación tiene, en democracia, dos categorías y dos cauces fundamentales: la representación y la comunicación. De hecho, serán los partidos y demás seguidores del juego político los que deberán cambiar su percepción sobre la pluralidad de los votantes, y cómo deberán responder a esa pluralidad desde una perspectiva democrática. No hacerlo se penalizará con el caos.
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¿Consumatum est?
(A la guillotina, la credibilidad
política)
La credibilidad política se encuentra bajo el filo de la guillotina, victimada por el PRI como el moderno Robespierre, aunque sin la pasión republicana del jacobino francés. Mediante un juego de manos basado en artilugios judiciales, a partir de un especioso legalismo hecho a la medida para condenar al acusado, los “cruzados” priístas-panistas que omitieron el “Estado de Derecho” en los casos del Pemexgate, de los Amigos de Fox, del senador Aldana y del narcogobernador de Morelos, Estrada Cagigal, ahora sí se rasgaron las vestiduras para desaforar al Jefe del Gobierno del DF. Cercenaron de un golpe, así, los millones de votos de de mexicanos en la capital del país.
Mediante un golpe de manos, que algunos consideran como un virtual golpe de Estado, la transición democrática en México está prácticamente a punto de desaparecer. Nos aproximamos a un nuevo episodio del autoritarismo priísta(panista), a una nueva “guerra sucia” encabezada por la arrogancia castrense en la PGR.
Aquello que no entra en la cabeza del PRI-foxismo (o quizá sí lo entienden, pero les vale) es que lo que en verdad desaforaron fue a la credibilidad política, y por ende a la endeble democracia en México. No en valde el público votante es un incrédulo de los políticos, puesto que ha juntado muchos motivos y razones fundadas para desconfiar.
En los momentos de crisis o en los procesos electorales, la credibilidad es la piedra de toque de la persuasión. El público o los votantes se dejarán atraer más fácilmente y entregarse con fervor a líderes que gocen de autoridad moral. Esto lo tienen perdido de foco los líderes priístas-foxistas, y por ello suenan a falso los golpes de pecho “nacionalistas” del secretario de Gobernación, Santiago Creel, cuando protesta contra los gringos y cuando reclama ahora el estado de derecho, pero nunca lo hizo con todas las vigas que tiene clavadas en los ojos.
La credibilidad forma a la opinión pública y atrae la voluntad de los ciudadanos. Cuidar su credibilidad viene a ser el valor más importante del personaje político. ¿Esto lo han oìdo Fox, Madrazo, Creel o Fernández de Cevallos? Parece que no, y sin más echan a la basura este factor determinante del juego político.
Lo más importante en la política es que le crean al hombre público, ya que cuando no es creído lo que dice el político pierde toda condición de ser buen político. La credibilidad, como gran parte del acontecer político, representa un sistema en proceso de construcción, que en todo momento debe atenderse y edificarse mediante el esfuerzo, la disciplina y la honestidad. Porque la credibilidad es efímera y tal como se construye se puede derruir. Aquí vale una ecuación: el elector cree lo que quiere creer y no cree lo que no quiere. Por ello, la honestidad es siempre un plus en política.
Casi por naturaleza, un político siempre encontrará obstáculos para ser creído. Por ello nunca puede “dormirse en sus laureles” o hacerle caso a los halagadores interesados que lo rodean. Ante todo, debe esforzarse por lograr que los votantes o ciudadanos confíen en sus palabras y sus acciones. Así, tener credibilidad exige contar con autoridad moral y ofrecer confianza a los ciudadanos. Al momento de perderse la credibilidad se vuelve muy difícil recuperarla.
Hoy, la crebilidad se enfrenta a la prueba de fuego. Personajes como el presidente Vicente Fox la han perdido. Con el desgaste de cuatro años y medio de gobierno donde “no pasa nada”, se ha ganado a pulso el título de charlatán, mentiroso y ahora autoritario. El resto de la clase política en el poder, como Creel, Madrazo, Fernández de Cevallos, Beltrones, etc., no pasan de corifeos que alimentan el fuego de la incredulidad política. Y apuestan así por la represión.
Por su parte, en calidad de víctima y de mártir por decisión de sus contrincantes, López Obrador en su discurso de despedida en la Plaza de la Constitución, frente a Palacio Nacional, habló como estadista, llamó a la cordura y la calma y anunció su decisión de participar en la elección de candidato presidencial de su partido desde “el lugar donde se encuentre”. No todo está consumado. Viene una lucha prolongada por restaurar las libertades políticas y ciudadanas, aunque serán necesarios profundos cambios en el sistema de representación política y el funcionamiento de las instituciones para que no dependan de legalismos abstractos y universalistas, con los cuales se extermina impunemente a los adversarios y se cierra el paso a un régimen de democracia pluralista.
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La “Legislatura de la ignominia”.
Con un retroceso al 68,
los panistas
apuestan por la ilegitimidad
Los hechos de la última semana, la victoria pírrica del binomio PRI-PAN para extirpar millones de votos emitidos por los ciudadanos y eliminar al aspirante “incómodo”, AMLO, patentizan que el sistema político tiende peligrosamente a extraviar el rumbo. Con su ensimismamiento cada día mayor, con su alejamiento de la voluntad y los deseos de la ciudadanía, los partidos mayoritarios en el Congreso están cerrando el círculo de la crisis de legitimidad que viene acumulando, con sus grandes pifias, el gobierno foxista.
Con excepción de los legisladores perredistas y algunos aliados, tras el fascineroso y faccioso desafuero la actual se convirtió en la “Legislatura de la Ignominia”. Así será conocida históricamente. Bloqueada y al final anulada la vía del diálogo y la negociación razonada, llevado al extremo el desvarío de la troika Fox-Creel-PGR, ahora el camino hacia el cambio de poderes federales en el 2006 aparece como un campo minado. Las esperanzas depositadas en la “transición democrática” se traducen en la turbia certidumbre de un horizonte de autoritarismo y represión combinados. Un retroceso hasta el 68.
Pero, ¿el ciudadano, el votante común aceptará sin más este destino ominoso? ¿De nada valieron las décadas de resistencia y los muchos luchadores caídos? Para los panistas, no. Alegremente aceptan, amparados bajo un legalismo acomodaticio, echar por tierra los avances hacia una democracia pluralista en México. Mejor la política del garrote, no importa que sea ilegítima, antes que competir con un candidato que los hacía temblar.
¿Y el ciudadano que ya aprendió a votar, a exigir, a polemizar? Rechaza la violencia, ciertamente. Pero también intuye que el problema de la legitimidad está estrechamente vinculado al de obligación política. Donde termina la obligación de obedecer las leyes comienza el derecho de resistencia.
Es decir, lo que une la obediencia con la aceptación del poder y su estructura institucional es un equilibrio conformado a través de la persuasión dialéctica de entender, reclamar y ofrecer que hace extensivo aquello que conforma a la legitimidad. Por lo tanto, todo poder trata de ganarse el consenso para que ser reconocido como legítimo, transformando la obediencia en adhesión, la creencia en legitimidad.
En el lenguaje ordinario, el término legitimidad tiene dos significados: uno genérico, que es casi sinónimo de justicia o de razonabilidad (se habla de legitimidad de una decisión, de una actitud, etc.). Y un significado específico, que en una primera aproximación se puede definir como la existencia en una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia, sin que sea necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza.
Es importante precisar que el proceso de legitimación no tiene como punto de referencia al Estado en su conjunto, sino sus diversos aspectos: la comunidad política, el régimen, el gobierno. Por lo tanto, la legitimación del Estado es el resultado de una serie de elementos dispuestos en niveles crecientes, cada uno de los cuales concurre de modo relativamente independiente a determinarla.
Cuando el poder está en crisis ello obedece a que su estructura ha entrado en contradicción con el desarrollo de la sociedad; entra también en crisis el principio de legitimidad que lo justifica. Ocurre esto cuando el aparato del poder se deshace, cuando caen también los velos ideológicos que lo disfrazaban ante la población y se manifiesta a plena luz su incapacidad de resolver los problemas que van madurando en la sociedad.
Entonces la conciencia de las masas entra en contradicción con la estructura política de la sociedad; todos se vuelven políticamente activos, porque las decisiones son simples y comprometen directamente al hombre ordinario; el poder de decisión está realmente en manos de todos.
Conviene también poner en evidencia una característica que el término legitimidad tiene en común con muchos otros términos del lenguaje político (libertad, democracia, justicia, etc.): que designa al mismo tiempo una situación y un valor de la convivencia social de legitimidad.
La situación designada consiste en la aceptación del Estado por parte de una fracción relevante de la población; mientras el valor es el consenso libremente manifestado por una comunidad de hombres autónomos y conscientes. Por tanto, en este juego de doble vía, el sentido de la palabra legitimidad no es estático sino dinámico; es una unidad abierta, de la que se presupone un cumplimiento posible en un futuro indefinido y cuya realidad actual es sólo un asomo.
Las anteriores nociones fueron omitidas y pisoteadas en la elección del 7 de abril en la Cámara de Diputados. La mancuerna PRI-PAN votó en manada, y parece que nuevamente la razón política será transmutada por los arcaicos “búfalos” presidencialistas, por la ley de la cargada. Como en Oaxaca, como en Quintana Roo, como en Morelos. A favor del narco, los caciques y los viejos malabaristas del voto. Así de simple, así de sencillo.
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Matrimonio incestuoso:
vuelven la corrupción y la
impunidad tras
la mascarada del priismo-
panismo
Apenas unos días después del muy desaseado e impugnable desafuero de quien fuera elegido por millones de votantes como Jefe de Gobierno del DF (AMLO), el PRI cobró el precio de sus votos al PAN-foxismo: exonerar de sus culpas y de ser desaforado a uno de los perpetradores del PEMEXGATE, la desviación de más 600 millones de pesos del presupuesto de Petróleos Mexicanos para la campaña presidencial del PRI, el ínclito senador Ricardo Aldana Prieto, tesorero del sindicato de petroleros.
En fin… Los episodios de esta mascarada tragicómica van a proseguir hasta las elecciones de 2006, y mucho después, por lo que vale más la pena seguir revisando el inventario de fenómenos políticos que dan forma al juego de sombras y al gran telón de fondo que lo enmascara: la ideología y sus adláteres.
La ideología ha sido expulsada y hasta desaparecida del universo académico. En los hechos políticos, sin embargo, hablar de ideología implica referirse a sistemas de creencias o de representación que tienen como objetivo reproducir sistemas de dominación (de la dominación que se ejerce para generar o mantener la desigualdad, o las arbitrariedades). Así, defender una situación de dominación, de desigualdad, exige presentarla como legítima (modo de operar) y describir esa realidad como racional o como universal, o como “natural”, o formando parte de una narración, de un gran relato histórico (estrategias de construcción simbólica).
Es decir, el tinglado que presenciamos de la legalidad y el “Estado de derecho” pregonados a gritos por los grandes defraudadores del erario (léase Fobaproa y todos los banqueros exonerados por “delitos no graves”) en México: los priistas que votaron en manada (para no olvidar la vieja “cargada” presidencialista), y que ahora reinstalan el carmido tablado de la corrupción, la red de complicidades y la impunidad hasta la ignominia acompañados por sus nuevos aliados de la antigua “leal oposición”, los panistas.
En este renovado canto de sirenas vemos que el discurso ideológico de la democracia representativa se asienta sobre cuatro pivotes. El primero enuncia que la delegación de poder (y de la fuerza ligada al poder) es la única forma de obtener seguridad y evitar el caos social. Tesis que se ve desmentida por el nuevo monolitismo PRI-foxista, que busca dar carpetazo a nuestra incipiente transición democrática.
El segundo plantea la inviabilidad de una democracia basada en la participación de millones de personas en la toma de decisiones políticas. Pero el límite de este voto de confianza será la arbitrariedad del poder frente a la voluntad ciudadana.
El tercero vincula la legitimidad del modelo (voto = soberanía popular) con su capacidad para representar intereses generales (mediante su canalización partidaria), frente a los riesgos corporativistas y de atomización de intereses propio de la democracia directa. Premisa que se desploma precisamente cuando es conculcado ese voto de la mayoría.
El cuarto plantea la ventaja que supone para el ciudadano el que pueda dedicarse a gestionar sus asuntos privados, porque ya hay quien resuelve los comunes, es decir, legitima socialmente la despolitización. Aquí vemos la entrada en juego de los medios masivos, promotores de la política del escándalo y del linchamiento, acompañada por los “spots” del gobierno para dorar la píldora.
La reproducción de las rutinas democráticas hace así necesario que se transmitan y circulen discursos igualmente rutinarios propagados por agentes sociales externos al sistema político. Este es el lugar de los medios de comunicación, donde éstos encuentran un terreno privilegiado de influencia (aunque también de tensión) entre sus propios intereses y los del sistema político.
La pregunta que resulta preciso hacer aquí es cómo y qué se canaliza a través de los medios de comunicación en los procesos de transmisión ideológica. Hay que subrayar la influencia de los medios de comunicación para la “naturalización” de las representaciones ideológicas del mundo, al describir como si fueran hechos naturales todo aquello que no es sino una representación ideológica, emanada del poder, de la realidad.
El discurso mediático retroalimenta, pues, ese mecanismo ideológico de racionalidad política, además, de que los medios no son meros agentes reproductores del consenso, sino que intervienen directamente en su formación o se convierten en una parte integrante del proceso dialéctico de producción de consenso –al que plasman a la vez que lo reflejan– que los orienta en el campo de fuerzas de los intereses sociales dominantes representados en el seno del estado.
En efecto, hemos visto ahora bajo todos los reflectores, a la vista de todo el mundo a través de las cámaras televisivas, la prestidigitación actuada para suprimir el voto de los ciudadanos mediante el voto amañado de sus “representantes”. En la realidad, la persecución contra AMLO constituye un retorno grandielocuente a los tiempos de la extrema corrupción y la impunidad del sistema priísta, ahora jugado por los empresarios “políticos” del foxismo y su candidato de terciopelo, “totalmente palacio”, Santiago Creel. Mientras tanto, inquieta, la guardia castrense en la PGR y la PFP espera su turno.
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Medios de comunicación en
México (1)
Desde el porfirismo
hasta Fox:
una historia muy dispareja
El sistema contemporáneo de los medios en México data de la modernización que tuvo la prensa a finales del siglo XIX, con el surgimiento del periódico oficialista El Imparcial, primero que uso rotativas modernas y pudo bajar su precio de venta a ¡un centavo el ejemplar! Esto daría la pauta al surgimiento en nuestro país de periódicos de corte moderno y que utilizaban los implementos técnicos más avanzados de su época. El Universal y Excélsior se encuentran entre los diarios surgidos dentro de la dinámica modernizadora y coetáneos al movimiento armado, así como a la Ley de Imprenta de 1917, todavía vigente.
Dichos medios también reflejaron y fueron punta de lanza de los debates ideológicos frente al movimiento revolucionario, sobre todo como vehículos de las posiciones conservadoras ligadas al clero o a los intereses estadunidenses en México, que enarbolaron posiciones discrepantes a las oficiales sobre el sistema político, el régimen de propiedad, la cuestión religiosa y los asuntos internacionales, entre otros temas álgidos. Necesariamente, sobre la mesa del debate estuvieron los grandes rubros de la integridad territorial y la soberanía nacional, no sólo con la palabra sino con las armas en esa década y las siguientes.
Poco tiempo después de la aparición de la prensa moderna en México tuvieron lugar los primeros brotes de experimentos orientados a utilizar y transmitir mensajes a través del espacio atmosférico. En el primer lustro de la década de los 20 esas experimentaciones estaban ya dando paso a estaciones emisoras regulares, mediante el patrocinio de algunas casas comerciales que se convirtieron en los primeros anunciantes. En 1925 había 11 estaciones en funcionamiento, que ascendieron a 46 en 1936 y se triplicaron seis años después, para sumar 125 en 1942.
En 1926 fue expedido el primer permiso para operar una emisora radiofónica, la CYI, si bien para entonces el gobierno ya contaba con estaciones como la Casa del Radio y la estación del Departamento de Aviación, destinadas básicamente a la información meteorológica. Poco tiempo después la Secretaría de Educación Pública fue autorizada para instalar una estación de promoción cultural y educativa, que ayudara a los maestros rurales y misioneros, aunque ésta operó sin mayor repercusión; intento que se repitió a finales de los años cuarenta, pero hasta los años 60 pudo consolidarse con la emisora Radio Educación.
Por su parte, el desarrollo de la televisión ha tenido los siguientes hitos: en 1934 el ingeniero Guillermo González Camarena comenzó a realizar experimentos de televisión y en 1935 el presidente Lázaro Cárdenas apoyó esos experimentos, al disponer que se le permitiera trabajar en los estudios de la radiodifusora XEFO del Partido Nacional Revolucionario. Dicha estación trajo a México, ese mismo año, un equipo de televisión.
En 1940, González Camarena patentó en Estados Unidos un sistema de televisión a colores denominado Tricromático, basado en los colores verde, rojo y azul. Entre 1947 y 1950 instaló González Camarena circuitos cerrados en las principales tiendas de la ciudad de México, en donde se invitaba a los transeúntes a mirar su imagen en el monitor de televisión.
Y el 31 de agosto de 1950 se inauguraba oficialmente el primer canal concesionario, el 4 -XHTV-, que inició sus transmisiones regulares el día siguiente con el informe presidencial. En mayo de 1952 comenzó a operar el canal 2, XEWTV, y el 18 de agosto el canal 5, XHGC, concesionado al ingeniero González Camarena. Será hasta finales de los años 60 cuando entrarían al aire los canales 8 y 13, mientras en 1959 tuvo lugar un acontecimiento importante con el surgimiento del primer canal a cargo de una institución de educación superior: el canal 11, del Instituto Politécnico Nacional.
La participación directa del Estado en las frecuencias de radio se reanuda en 1967, cuando se reabre Radio Educación, cuyos antecedentes se remontan a 1924. A finales de los años 70 se adquirieron otras tres emisoras de frecuencia modulada, que se incorporarían como patrimonio del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, al ser creado en los años 80. A su vez, las actividades normativas del sector gubernamental quedaron a cargo de la Dirección de Radio, Televisión y Cine, RTC, en tanto que la producción de los mensajes correspondía al IMER.
Hoy, la radiodifusión cuenta en México con alrededor de mil cien radioemisoras y aproximadamente 400 estaciones televisoras –dominadas por el dueto Televisa-TVAzteca–, que alcanzan aproximadamente a 13 millones de hogares.
* * *
En los medios, una legislación
proempresarial:
la cuadratura del
círculo (2)
En México, las libertades de expresión y de opinión las encontramos codificadas en la Constitución Política y existe atrás de ellas una tradición de lucha que abarca prácticamente a todo el periodo independiente en nuestro país. Sin embargo, en el marco de un orden público y una cultura política autoritarios, la práctica de los derechos y libertades de índole individual o social tuvo durante décadas un carácter meramente formal, discrecional y, en el plano económico, patrimonialista, esto es, bajo los rasgos que la retórica en boga llama premodernos.
Por lo que toca a la libertad de expresión y de información, para el caso de los medios impresos ésta se encuentra regida por la Ley de Imprenta de abril de 1917 –la Ley Carranza–, altamente restrictiva, así por adecuaciones hechas en los años 80 al Código Penal en materia de calumnia y daño moral; a su vez, en lo que respecta a los medios denominados electrónicos –radio y TV–, desde el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles (1924-28) hasta la actualidad se han expedido tres tipos de legislaciones, que Fátima Fernández delimitó como: a) de carácter técnico, b) de carácter facultativo y c) de carácter limitativo.
La misma investigadora señala que en el lapso de referencia han predominado las disposiciones técnicas y las facultativas, en beneficio de los empresarios, mientras las limitativas para éstos prácticamente no existen.
Tanto la radio como la televisión están sometidas al régimen de concesiones que se desprende de los artículos 27 y 42 constitucionales. En virtud de ello, pueden disponer de las frecuencias de transmisión en el espacio atmosférico –propiedad de la nación– para fines de lucro y mercantiles.
En la actualidad, se ajustan a la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, básicamente administrativa aunque prevé posibilidades de intervención y participaciones gubernamentales. En 1969 se expidieron los decretos del 30 y 31 de diciembre, que contenían las medidas de control estatal más severas promulgadas hasta entonces: impuestos por 25% sobre el ingreso bruto o venta del 49% de acciones en fideicomiso a instituciones oficiales de crédito.
Seis meses más tarde, por acciones del grupo de presión de los empresarios a través de la cámara industrial que los representa y de sus personeros en el Congreso de la Unión –además de la debilidad de Díaz Ordaz ante la candidatura presidencial de Echeverría y la resaca del 2 de octubre–, esas disposiciones se tornaron en facultativas, en términos de que la única obligación de las empresas era proporcionar un 12.5% de su tiempo de emisión al gobierno -no acumulable- en calidad de pago de impuestos, lo cual quedó codificado en el reglamento de la ley de 1973.
A partir precisamente de la instauración de los "tiempos oficiales" fue que la reforma electoral de Luis Echeverría, también en 1973, implantó los espacios de emisión de los programas de los partidos políticos en radio y televisión. Estos espacios se han venido codificando en las sucesivas reformas de la legislación electoral, pero padecen aún del vicio de origen originado en los grandes márgenes de discrecionalidad de que gozan los concesionarios respecto de los tiempos oficiales. Paralelamente a los problemas de producción que presentan, la aplicación arbitraria de los tiempos oficiales neutraliza ante la audiencia pública el impacto de los programas en radio y TV de los partidos políticos.
Finalmente, desde 1977 se introdujo en la Constitución un agregado al artículo 6º que garantiza el derecho a la información. Pero se trata de letra muerta, porque la respectiva ley reglamentarla ha quedado bloqueada hasta nuestros días por presiones y cabildeos de los barones de la industria de la comunicación, que se rompieron las vestiduras proclamando que se trataba de una “ley mordaza”–lo cual repitieron en 1995– y anunciaron la imposibilidad de encontrar la cuadratura del círculo.
La reglamentación del derecho constitucional a la información sigue siendo una laguna indefinidamente prorrogada por el sistema político. En su momento, se llegó a presumir que la aplicación de ese derecho restringiría la libertad de los grandes medios, en cuanto los sectores sociales podrían utilizarlos para difundir sus informaciones, lo cual es una tautología porque esa es la razón de ser de la existencia de aquellos. En realidad, se trató de un simple gambito de las empresas informativas para oponerse a su democratización interna.
Al mismo tiempo, en cuanto el principal originador social de información es el gobierno, corresponde a éste abrir las compuertas de la información que genera y que, las más de las veces, disfraza y manipula; por ende, frente al patrimonialismo premoderno del gobierno, la verdadera reforma del Estado debe surgir de la transparencia de las funciones y acciones públicas y de promover el ejercicio crítico hacia tal comportamiento gubernativo. En este tenor debe ser legislada la reglamentación del derecho a la información, como se ha venido discutiendo en los espacios legislativos durante los últimos meses, aunque todavía sin acabar de encontrar la proverbial cuadratura del círculo.
Referencias:
Cuauhtémoc Arista, “Carta a una candidata sobre el marketing electoral”, revista Etcétera, julio 2003
Andrés Valdez Zepeda y Delia A. Huerta Franco, “¿Imagen vs. ideas? Mercadotecnia: ni lobo ni cordero”, revista Etcétera, julio 2003
Andrés Valdez Zepeda, El ABC de la mercadotecnia política, 2002. Cucea, Universidad de Guadalajara
Dra. Guillermina Baena Paz, “La mercadotecnia política en las campañas modernas”. Crónica Legislativa, Nº 13, Marzo-Abril, 2004
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El escándalo político como
transición transada
(o “en este gobierno
no pasa nada”)
Con los escándalos políticos, reflejados a través del gran magnavoz audiovisual que es la televisión, culmina la “transición transada” del gobierno del “cambio” foxista, donde “no pasa nada”. En realidad, con la PGR como su perro de presa, el creel-foxismo encarrerado al cambio presidencial de 2006 puso en juego el “no-complot” contra el PRD y su presunto candidato López Obrador, a través de un juego de intrigas cortesanas del más claro sabor marista-jesuítico (léase Instituto México-Universidad Iberoamericana).
Para ello, con las oportunas filtraciones y “hallazgos” de cintas de video en las puertas de los canales de TV, el Estado Mayor compuesto por Gobernación y el aparato judicial de la PGR ha aprovechado una tendencia existente en los medios de comunicación masiva a finales del siglo XX: la predilección por el escándalo político.
Como recordaremos, a mediados de los años 90 los medios de comunicación estadunidenses, ­y por rebote los del resto del mundo, dieron una muy amplia cobertura a un hecho sucedido en la Casa Blanca: el caso Mónica Lewinsky-Bill Clinton.
Según los analistas, el aumento de los escándalos políticos tiene correspondencia con las transformaciones provocadas por los medios de comunicación, los cuales modifican la naturaleza de la visibilidad y han alterado las relaciones entre la esfera privada y la pública. Así, el incremento del escándalo se vuelve un acontecimiento mediático; se impone en la agenda pública el predominio del escándalo político y sexual en la esfera del poder; se examina la vida privada en el ámbito público.
Con el desarrollo de las sociedades modernas, la naturaleza, el alcance y las consecuencias de los escándalos han variado en algunos aspectos. Y uno de los aspectos en que han cambiado se relaciona con el hecho de encontrarse cada vez más vinculados a formas de comunicación mediata y masiva.
A partir de este fenómeno, en los años recientes vemos imponerse la modalidad del "escándalo mediático" en nuestra vida política, y se trata de escándalos que difieren de los habituales y locales y cuyas consecuencias tienen un alcance completamente diferente. Incluso los que parecerían escándalos locales, como los linchamientos en Tláhuac, por vía de los medios cobraron alcances nacionales y permitieron poner cabezas en la guillotina.
En ese sentido, la estrategia derechista del PAN y del clero soterrado (vestido de civil en Bucareli) parece estar ganándole la batalla de los medios y del predominio sobre la opinión pública a la izquierda (teniendo como aliado a otro “izquierdista” empanizado­: el PRI de Madrazo y compañía).
Se dice que los escándalos mediáticos no son simples escándalos reflejados en los medios y cuya existencia sea independiente de esos medios: son provocados, de modos diversos, por las propias formas de la comunicación mediática, con la evidente complicidad de aquellas dependencias gubernamentales que tienen injerencia en los medios, como ha sido la antañosa RTC (Radio, Televisión y Cine) y la todavía flamante subsecretaría de Comunicación Social de Gobernación, creada en tiempos de Zedillo.
Una de las razones por las cuales los escándalos sexuales (o de dinero o de leguleyos) tienen la capacidad potencial de producir perjuicios a las figuras políticas, a sus partidos y a los gobiernos de los que forman parte, es la vinculada con el factor de la hipocresía, y pueden ser perjudiciales porque seguramente ocasionan conflictos de interés.
Una de las conclusiones a las que se arriba en estos análisis es que el escándalo está profundamente arraigado en nuestras tradiciones históricas –desde el virreinato– e íntimamente entrelazado con el desarrollo de las formas de la comunicación mediática. Un desarrollo que ha cambiado la naturaleza de ámbito público y que ha transformado los límites existentes entre las esferas pública y privada.
El escándalo político no es, así, una simple mirada frívola sobre la vida privada de personajes públicos en las sociedades modernas. Sino que revela las intrigantes interacciones entre los medios de comunicación y los actores políticos, desde una perspectiva sociológica que han magnificado los medios con un sentido mercantil.
Desde el caso Profumo, en Inglaterra, hasta los concursos de televisión amañados, desde el Watergate al asunto Clinton-Lewinsky, los escándalos se convierten en un aspecto fundamental de la vida política moderna. Al diluirse la línea divisora entre lo público y lo privado en la cobertura de los políticos, éstos se han convertido en presas de caza legítima para informar sobre delitos menores que solían ser ignorados.
En el caso de México, su utilización por el creel-foxismo manifiesta no sólo la intrusión creciente de los medios en los asuntos públicos, en la agenda política, sino también la inexistencia de un verdadero proyecto político democrático por parte del gobierno actual y su necesidad de acudir a los viejos recursos de la intriga cortesana-clerical para resolver su incapacidad de mantenerse en el poder. En realidad, se convierten en la mano del gato para sacarle las castañas del fuego al gato priista jurásico, que se prepara para ejercer de nuevo el monopolio político ¿por otros 70 años?
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La “marranada” de Fox…
(o cómo hacerle el trabajo
sucio al PRI)
El desafuero, la triquiñuela leguleya-inquisitorial del dúo Fox-Creel para expulsar de la próxima jugada presidencial al Jefe de Gobierno capitalino, tiende a constituir un nuevo episodio de la imposición de los partidos sobre la voluntad de los ciudadanos. No importa cómo hayan votado éstos: el pri-panismo establece una alianza “non-sancta” para eliminar a su principal competidor en la sucesión presidencial; aunque, en realidad, el TUCEP (Todos Unidos Contra El Peje) servirá para entregar el poder político en charola nuevamente al PRI, a través del desprestigio y la posible violencia social patrocinada por el PAN.
Cada vez es más claro en México que la vida política y la democracia se han desvirtuado a favor de la dominación de los partidos y sus dirigencias por encima de la decisión de la mayoría. Sólo así se explica que pueda utilizarse un mecanismo extraído de nuestro pasado virreinal, como era la invalidación y el despojo absoluto de algún personaje mediante el “juicio irrevocable y secreto” de la Santa Inquisición. Así, el complot “inexistente”, la troika Gobernación(CISEN)-PGR-Suprema Corte se complementa con la “partidocracia” (PAN, PRI, Verde y demás corifeos) para burlar el voto ciudadano e imponer lo que el politólogo neomarxista Klaus Offe llama consenso impuesto o "lealtad pasiva".
Una situación de consenso impuesto se funda en la ruptura de lazos entre la vida social y la política, una vez que se han abierto grandes brechas de desconfianza hacia el sistema político. Esta situación muestra hasta qué punto aparece como una rutina insuperable del sistema político la incapacidad de la acción social para modificar decisivamente la política institucional, el poder de los partidos; hasta qué punto la voluntad política puede expresarse mediante el voto pero no mediante la acción ciudadana; y expresa mejor que ninguna otra cómo la privatización ciudadana y la despolitización son altamente funcionales para el sistema (o, más bien, para el regreso de la “bestia negra”: el PRI de Madrazo).
Puesto que no es posible suponer que los ciudadanos se sientan normalmente obligados a someterse a decisiones que han sido tomadas en su nombre, pero no por ellos –dice Offe–, se hace precisa la amenaza de sanciones con el fin de forzarles a hacer aquello que la ley exige. De esta manera, la voluntad empírica de los ciudadanos es puesta entre paréntesis y se ve neutralizada por la inserción de mecanismos representativos y por el monopolio estatal de la violencia. Esta neutralización afecta tanto a la función activa (participativa) de la voluntad empírica, como a su función negativa (sumisión).
Las rutinas y la amenaza coercitiva a los que alude Offe, son, sin duda, instrumentos fundamentales en la creación de esa lealtad pasiva. Pero las situaciones de crisis muestran también los límites de la capacidad de integración ideológica de la democracia representativa, cuando ésta se coagula en la partidocracia, y precisan en forma mayor de mecanismos exteriores a ella para garantizarla. ¿Está incapacitado el pueblo mexicano para acudir a los mecanismos de regularización democrática que la propia Constitución Política le ofrece –como la desobediencia ante el poder arbitrario?
Vivimos momentos cruciales y dramáticos para la vida social y política de nuestro país. ¿Retrocederemos 30 años, a los tiempos de la “guerra sucia” y del genocidio “no retroactivo”, a través del consenso impuesto por los partidos sobre la voluntad ciudadana?
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“Mediocracia”,
entre la espada y la pared
En la “guerra de medios” que estamos presenciando entre los personajes políticos, principalmente el presidente Fox y el jefe de Gobierno capitalino López Obrador, y que se prolongará seguramente hasta las elecciones de 2006, estamos viendo la interrelación estrecha entre dos grandes rubros de actividad: la política y la comunicación.
Para tratar de aclarar esta relación necesitamos ver qué es cada cosa. La comunicación política no es la política, no se identifica con ella. Pero también sucede que política y comunicación son consustanciales. ¿Una paradoja? Sí, pero aparente. De hecho, no todas las transacciones políticas pueden ser interpretadas mediante términos y categorías de comunicación, pero también es cierto que muchas veces las acciones políticas no llegan a buen puerto sin el recurso a la comunicación, sin un flujo de mensajes que surta determinados efectos.
Si tenemos en cuenta que un proyecto político se desarrolla en circunstancias que son las del conflicto y la búsqueda de consenso, encontraremos que generalmente el candidato tiene que abrirse paso en un ambiente psicológico cargado de ruido y abiertamente competitivo. Así, en principio se cierra el círculo: la comunicación política no es la política, pero la política, o parte considerable de ella, se produce o necesita de manera decisiva de la comunicación política.
Se ha dicho que "la política es una ciencia que estudia las relaciones entre los ciudadanos y el Estado". Es decir, se genera una complicidad entre ambos en la que no puede estar ausente la comunicación, en forma directa o no, ya que un primer principio de la democracia es que la vida política funcione como un gran sistema de diálogos.
En la actualidad, para un político resulta muy difícil gobernar sin el apoyo e incluso la crítica de los medios de comunicación masiva. Es decir, la participación, entendiendo a la democracia como el gobierno de la opinión, podría ser desfavorable o a favor del dirigente. Lo importante, en todo momento, es que la sociedad cuente con los canales de comunicación adecuados para supervisar los actos de los políticos, y para que éstos entren en relación con el conjunto social.
La comunicación tiene como uno de sus propósitos sistematizar los flujos de información entre gobernantes y gobernados. Esto implica que, sin comunicación, la política en una sociedad organizada se vería limitada en alcance, significado y posibilidades. Visto así, comunicar es un acto de naturaleza política.
Aunque la preocupación del hombre por la política y su difusión data del origen de la civilización, actualmente aún no es posible establecer y conciliar intereses, lograr consensos o acuerdos de una manera adecuada, equilibrada y equitativamente justa sin disponer de los medios adecuados de comunicación. Si el ser humano es político por naturaleza, la comunicación que establece es un acto público y de orden político,
Meadow define a la comunicación política como "el intercambio de símbolos o mensajes que con un significativo alcance han sido compartidos por, o tienen consecuencias para, el funcionamiento de los sistemas políticos". Una visión institucionalizada de la comunicación política es la de la D. Nimo, cuando sostiene que "una comunicación (actividad) puede ser considerada política en virtud de las consecuencias (actuales y potenciales) que regulan la conducta humana bajo ciertas condiciones de conflicto".
En la comunicación política intervienen, además, factores de tiempo, lugar, acontecimientos y, lo más importante, las intenciones de quienes participan en ella dentro de un orden político establecido.
Por último, Monzón señala la importancia que han adquirido los medios en el desarrollo de la democracia desde los años noventa. Es la "mediocracia o democracia centrada en los medios de comunicación que está revolucionando el mundo de la información y la política".
Explica que los periodistas han pasado de ser testigos de la actividad pública y política a actores de estos terrenos. Incluso los lideres políticos aprenden nuevas técnicas de comunicación y persuasión, los gobiernos deben dar cuenta de sus actos con mayor rapidez y transparencia y los partidos políticos pierden peso en la escena política para dar paso a la popularidad e imagen de sus líderes; el nuevo espacio público, sin lugar a dudas esta dominado por la información y los medios masivos.
En este panorama, los medios ejercen ya un poder que sobrepasa las posibilidades del ciudadano común, y la política continúa siendo más el privilegio de unos pocos que el ejercicio donde todos actúan por igual. La “guerra mediática” que estamos presenciando da fe de este dilema entre la necesidad de un buen sistema de comunicación política, o bien que sean los medios los que impongan el ritmo y la agenda de la política: la “mediocracia”.
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Las cuentas del Gran Capitán:
(URGENTE) el cambio
del juego político
El enfrentamiento Fox-López Obrador es un juego donde todos pierden: Fox-Creel-PAN, por llevar las cosas a un extremo de confrontación y polarización que vamos todos a lamentar en el marco de las elecciones de 2006; el PRI de Madrazo, por pasarse de listo en las cuentas para aprobar el desafuero haciendo como que no lo aprueban; al final, les va a estallar el cohete desde adentro. Y el PRD, obviamente, por ver incapacitado a su gallo más popular y aceptado. En suma, la ingobernabilidad y la proximidad de episodios de violencia serán el resultado de este escenario que pone en crisis a la titubeante democracia mexicana.
En los hechos, estamos viendo el despliegue de varias formas de jugar a la política. Por un lado, el arcaísmo novohispano que nos viene desde la conquista y el virreinato, aquel de “las cuentas del Gran Capitán” y el “acátese pero no se cumpla”, es decir, la idea de exterminar al oponente y quedarse con toda la ganancia, por un lado, y por otro el formalismo de que la ley se cumpla cabalmente en las mulas de mi compadre pero no en las mías. Este juego no es nada extraño para los asesores maristas-jesuitas de la troika Fox-Creel-Diego (Fernández de Cevallos), avivada por la ultraderecha que ahora dirige la cúpula del PAN.
El otro paradigma se basa en el equilibrio precario de las “clientelas” electorales y los grupos de presión (léase neocorporativismo), que es el modelo “de agregación o democracia elitista” propugnado por Joseph Schumpeter (1947), y que fue seguido religiosamente por los gobiernos de extracción príista y ahora por el foxismo oficial. En este modelo se establece la “alquimia electoral” para el control de las elecciones y la despolitización de las masas y su alejamiento de la toma de decisiones políticas, por medio del mecanismo neocorporativo. Este modelo es el que trata de volver a Los Pinos e inaugurar otros 70 años de neopríismo.
Entre los extremos del juego adversario-enemigo (Maquiavelo-Schmitt) y la manipulación clientelar elitista, se pretende mantener un consenso impuesto de corte liberal, bajo los supuestos de un formalismo abstracto llamado Estado de Derecho por los propagandistas del sistema, que pugna por eliminar en el papel las contradicciones y establecer la reconciliación entre los participantes en el juego político-social, también en el papel. Este modelo de democracia liberal, basado en reglas universales, es el que está en crisis en México y en otros lugares del planeta, según expone la filósofa política Chantal Mouffe en su “Retorno a lo político”, en “La paradoja democrática” y la idea de la democracia pluralista y radical.
En la encrucijada que supone el desafuero, o no, de López Obrador, sigue siendo pertinente pensar en la política al menos desde dos cosas, que a su vez implican a la comunicación política: la primera, que la política, en último término, gira en torno a la relación entre gobernantes y gobernados; la segunda, que la política genera comportamientos diferenciados -distintos de otros comportamientos-, y que esos comportamientos tienen que ver menos con la polaridad enemigo-adversario y más con la relación amigo/adversario.
Lo uno y lo otro nos llevan al punto que hemos venido tratando aquí: que política y comunicación son consustanciales, porque la primera gira en torno a la relación entre gobernantes y gobernados, y esa relación tiene, en democracia, dos categorías y dos cauces fundamentales: la representación y la comunicación. De hecho, serán los partidos y demás seguidores del juego político los que deberán cambiar su percepción sobre la pluralidad de los votantes, y cómo deberán responder a esa pluralidad desde una perspectiva democrática. No hacerlo se penalizará con el caos.
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¿Consumatum est?
(A la guillotina, la credibilidad
política)
La credibilidad política se encuentra bajo el filo de la guillotina, victimada por el PRI como el moderno Robespierre, aunque sin la pasión republicana del jacobino francés. Mediante un juego de manos basado en artilugios judiciales, a partir de un especioso legalismo hecho a la medida para condenar al acusado, los “cruzados” priístas-panistas que omitieron el “Estado de Derecho” en los casos del Pemexgate, de los Amigos de Fox, del senador Aldana y del narcogobernador de Morelos, Estrada Cagigal, ahora sí se rasgaron las vestiduras para desaforar al Jefe del Gobierno del DF. Cercenaron de un golpe, así, los millones de votos de de mexicanos en la capital del país.
Mediante un golpe de manos, que algunos consideran como un virtual golpe de Estado, la transición democrática en México está prácticamente a punto de desaparecer. Nos aproximamos a un nuevo episodio del autoritarismo priísta(panista), a una nueva “guerra sucia” encabezada por la arrogancia castrense en la PGR.
Aquello que no entra en la cabeza del PRI-foxismo (o quizá sí lo entienden, pero les vale) es que lo que en verdad desaforaron fue a la credibilidad política, y por ende a la endeble democracia en México. No en valde el público votante es un incrédulo de los políticos, puesto que ha juntado muchos motivos y razones fundadas para desconfiar.
En los momentos de crisis o en los procesos electorales, la credibilidad es la piedra de toque de la persuasión. El público o los votantes se dejarán atraer más fácilmente y entregarse con fervor a líderes que gocen de autoridad moral. Esto lo tienen perdido de foco los líderes priístas-foxistas, y por ello suenan a falso los golpes de pecho “nacionalistas” del secretario de Gobernación, Santiago Creel, cuando protesta contra los gringos y cuando reclama ahora el estado de derecho, pero nunca lo hizo con todas las vigas que tiene clavadas en los ojos.
La credibilidad forma a la opinión pública y atrae la voluntad de los ciudadanos. Cuidar su credibilidad viene a ser el valor más importante del personaje político. ¿Esto lo han oìdo Fox, Madrazo, Creel o Fernández de Cevallos? Parece que no, y sin más echan a la basura este factor determinante del juego político.
Lo más importante en la política es que le crean al hombre público, ya que cuando no es creído lo que dice el político pierde toda condición de ser buen político. La credibilidad, como gran parte del acontecer político, representa un sistema en proceso de construcción, que en todo momento debe atenderse y edificarse mediante el esfuerzo, la disciplina y la honestidad. Porque la credibilidad es efímera y tal como se construye se puede derruir. Aquí vale una ecuación: el elector cree lo que quiere creer y no cree lo que no quiere. Por ello, la honestidad es siempre un plus en política.
Casi por naturaleza, un político siempre encontrará obstáculos para ser creído. Por ello nunca puede “dormirse en sus laureles” o hacerle caso a los halagadores interesados que lo rodean. Ante todo, debe esforzarse por lograr que los votantes o ciudadanos confíen en sus palabras y sus acciones. Así, tener credibilidad exige contar con autoridad moral y ofrecer confianza a los ciudadanos. Al momento de perderse la credibilidad se vuelve muy difícil recuperarla.
Hoy, la crebilidad se enfrenta a la prueba de fuego. Personajes como el presidente Vicente Fox la han perdido. Con el desgaste de cuatro años y medio de gobierno donde “no pasa nada”, se ha ganado a pulso el título de charlatán, mentiroso y ahora autoritario. El resto de la clase política en el poder, como Creel, Madrazo, Fernández de Cevallos, Beltrones, etc., no pasan de corifeos que alimentan el fuego de la incredulidad política. Y apuestan así por la represión.
Por su parte, en calidad de víctima y de mártir por decisión de sus contrincantes, López Obrador en su discurso de despedida en la Plaza de la Constitución, frente a Palacio Nacional, habló como estadista, llamó a la cordura y la calma y anunció su decisión de participar en la elección de candidato presidencial de su partido desde “el lugar donde se encuentre”. No todo está consumado. Viene una lucha prolongada por restaurar las libertades políticas y ciudadanas, aunque serán necesarios profundos cambios en el sistema de representación política y el funcionamiento de las instituciones para que no dependan de legalismos abstractos y universalistas, con los cuales se extermina impunemente a los adversarios y se cierra el paso a un régimen de democracia pluralista.
* * *
La “Legislatura de la ignominia”.
Con un retroceso al 68,
los panistas
apuestan por la ilegitimidad
Los hechos de la última semana, la victoria pírrica del binomio PRI-PAN para extirpar millones de votos emitidos por los ciudadanos y eliminar al aspirante “incómodo”, AMLO, patentizan que el sistema político tiende peligrosamente a extraviar el rumbo. Con su ensimismamiento cada día mayor, con su alejamiento de la voluntad y los deseos de la ciudadanía, los partidos mayoritarios en el Congreso están cerrando el círculo de la crisis de legitimidad que viene acumulando, con sus grandes pifias, el gobierno foxista.
Con excepción de los legisladores perredistas y algunos aliados, tras el fascineroso y faccioso desafuero la actual se convirtió en la “Legislatura de la Ignominia”. Así será conocida históricamente. Bloqueada y al final anulada la vía del diálogo y la negociación razonada, llevado al extremo el desvarío de la troika Fox-Creel-PGR, ahora el camino hacia el cambio de poderes federales en el 2006 aparece como un campo minado. Las esperanzas depositadas en la “transición democrática” se traducen en la turbia certidumbre de un horizonte de autoritarismo y represión combinados. Un retroceso hasta el 68.
Pero, ¿el ciudadano, el votante común aceptará sin más este destino ominoso? ¿De nada valieron las décadas de resistencia y los muchos luchadores caídos? Para los panistas, no. Alegremente aceptan, amparados bajo un legalismo acomodaticio, echar por tierra los avances hacia una democracia pluralista en México. Mejor la política del garrote, no importa que sea ilegítima, antes que competir con un candidato que los hacía temblar.
¿Y el ciudadano que ya aprendió a votar, a exigir, a polemizar? Rechaza la violencia, ciertamente. Pero también intuye que el problema de la legitimidad está estrechamente vinculado al de obligación política. Donde termina la obligación de obedecer las leyes comienza el derecho de resistencia.
Es decir, lo que une la obediencia con la aceptación del poder y su estructura institucional es un equilibrio conformado a través de la persuasión dialéctica de entender, reclamar y ofrecer que hace extensivo aquello que conforma a la legitimidad. Por lo tanto, todo poder trata de ganarse el consenso para que ser reconocido como legítimo, transformando la obediencia en adhesión, la creencia en legitimidad.
En el lenguaje ordinario, el término legitimidad tiene dos significados: uno genérico, que es casi sinónimo de justicia o de razonabilidad (se habla de legitimidad de una decisión, de una actitud, etc.). Y un significado específico, que en una primera aproximación se puede definir como la existencia en una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia, sin que sea necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza.
Es importante precisar que el proceso de legitimación no tiene como punto de referencia al Estado en su conjunto, sino sus diversos aspectos: la comunidad política, el régimen, el gobierno. Por lo tanto, la legitimación del Estado es el resultado de una serie de elementos dispuestos en niveles crecientes, cada uno de los cuales concurre de modo relativamente independiente a determinarla.
Cuando el poder está en crisis ello obedece a que su estructura ha entrado en contradicción con el desarrollo de la sociedad; entra también en crisis el principio de legitimidad que lo justifica. Ocurre esto cuando el aparato del poder se deshace, cuando caen también los velos ideológicos que lo disfrazaban ante la población y se manifiesta a plena luz su incapacidad de resolver los problemas que van madurando en la sociedad.
Entonces la conciencia de las masas entra en contradicción con la estructura política de la sociedad; todos se vuelven políticamente activos, porque las decisiones son simples y comprometen directamente al hombre ordinario; el poder de decisión está realmente en manos de todos.
Conviene también poner en evidencia una característica que el término legitimidad tiene en común con muchos otros términos del lenguaje político (libertad, democracia, justicia, etc.): que designa al mismo tiempo una situación y un valor de la convivencia social de legitimidad.
La situación designada consiste en la aceptación del Estado por parte de una fracción relevante de la población; mientras el valor es el consenso libremente manifestado por una comunidad de hombres autónomos y conscientes. Por tanto, en este juego de doble vía, el sentido de la palabra legitimidad no es estático sino dinámico; es una unidad abierta, de la que se presupone un cumplimiento posible en un futuro indefinido y cuya realidad actual es sólo un asomo.
Las anteriores nociones fueron omitidas y pisoteadas en la elección del 7 de abril en la Cámara de Diputados. La mancuerna PRI-PAN votó en manada, y parece que nuevamente la razón política será transmutada por los arcaicos “búfalos” presidencialistas, por la ley de la cargada. Como en Oaxaca, como en Quintana Roo, como en Morelos. A favor del narco, los caciques y los viejos malabaristas del voto. Así de simple, así de sencillo.
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Matrimonio incestuoso:
vuelven la corrupción y la
impunidad tras
la mascarada del priismo-
panismo
Apenas unos días después del muy desaseado e impugnable desafuero de quien fuera elegido por millones de votantes como Jefe de Gobierno del DF (AMLO), el PRI cobró el precio de sus votos al PAN-foxismo: exonerar de sus culpas y de ser desaforado a uno de los perpetradores del PEMEXGATE, la desviación de más 600 millones de pesos del presupuesto de Petróleos Mexicanos para la campaña presidencial del PRI, el ínclito senador Ricardo Aldana Prieto, tesorero del sindicato de petroleros.
En fin… Los episodios de esta mascarada tragicómica van a proseguir hasta las elecciones de 2006, y mucho después, por lo que vale más la pena seguir revisando el inventario de fenómenos políticos que dan forma al juego de sombras y al gran telón de fondo que lo enmascara: la ideología y sus adláteres.
La ideología ha sido expulsada y hasta desaparecida del universo académico. En los hechos políticos, sin embargo, hablar de ideología implica referirse a sistemas de creencias o de representación que tienen como objetivo reproducir sistemas de dominación (de la dominación que se ejerce para generar o mantener la desigualdad, o las arbitrariedades). Así, defender una situación de dominación, de desigualdad, exige presentarla como legítima (modo de operar) y describir esa realidad como racional o como universal, o como “natural”, o formando parte de una narración, de un gran relato histórico (estrategias de construcción simbólica).
Es decir, el tinglado que presenciamos de la legalidad y el “Estado de derecho” pregonados a gritos por los grandes defraudadores del erario (léase Fobaproa y todos los banqueros exonerados por “delitos no graves”) en México: los priistas que votaron en manada (para no olvidar la vieja “cargada” presidencialista), y que ahora reinstalan el carmido tablado de la corrupción, la red de complicidades y la impunidad hasta la ignominia acompañados por sus nuevos aliados de la antigua “leal oposición”, los panistas.
En este renovado canto de sirenas vemos que el discurso ideológico de la democracia representativa se asienta sobre cuatro pivotes. El primero enuncia que la delegación de poder (y de la fuerza ligada al poder) es la única forma de obtener seguridad y evitar el caos social. Tesis que se ve desmentida por el nuevo monolitismo PRI-foxista, que busca dar carpetazo a nuestra incipiente transición democrática.
El segundo plantea la inviabilidad de una democracia basada en la participación de millones de personas en la toma de decisiones políticas. Pero el límite de este voto de confianza será la arbitrariedad del poder frente a la voluntad ciudadana.
El tercero vincula la legitimidad del modelo (voto = soberanía popular) con su capacidad para representar intereses generales (mediante su canalización partidaria), frente a los riesgos corporativistas y de atomización de intereses propio de la democracia directa. Premisa que se desploma precisamente cuando es conculcado ese voto de la mayoría.
El cuarto plantea la ventaja que supone para el ciudadano el que pueda dedicarse a gestionar sus asuntos privados, porque ya hay quien resuelve los comunes, es decir, legitima socialmente la despolitización. Aquí vemos la entrada en juego de los medios masivos, promotores de la política del escándalo y del linchamiento, acompañada por los “spots” del gobierno para dorar la píldora.
La reproducción de las rutinas democráticas hace así necesario que se transmitan y circulen discursos igualmente rutinarios propagados por agentes sociales externos al sistema político. Este es el lugar de los medios de comunicación, donde éstos encuentran un terreno privilegiado de influencia (aunque también de tensión) entre sus propios intereses y los del sistema político.
La pregunta que resulta preciso hacer aquí es cómo y qué se canaliza a través de los medios de comunicación en los procesos de transmisión ideológica. Hay que subrayar la influencia de los medios de comunicación para la “naturalización” de las representaciones ideológicas del mundo, al describir como si fueran hechos naturales todo aquello que no es sino una representación ideológica, emanada del poder, de la realidad.
El discurso mediático retroalimenta, pues, ese mecanismo ideológico de racionalidad política, además, de que los medios no son meros agentes reproductores del consenso, sino que intervienen directamente en su formación o se convierten en una parte integrante del proceso dialéctico de producción de consenso –al que plasman a la vez que lo reflejan– que los orienta en el campo de fuerzas de los intereses sociales dominantes representados en el seno del estado.
En efecto, hemos visto ahora bajo todos los reflectores, a la vista de todo el mundo a través de las cámaras televisivas, la prestidigitación actuada para suprimir el voto de los ciudadanos mediante el voto amañado de sus “representantes”. En la realidad, la persecución contra AMLO constituye un retorno grandielocuente a los tiempos de la extrema corrupción y la impunidad del sistema priísta, ahora jugado por los empresarios “políticos” del foxismo y su candidato de terciopelo, “totalmente palacio”, Santiago Creel. Mientras tanto, inquieta, la guardia castrense en la PGR y la PFP espera su turno.
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Medios de comunicación en
México (1)
Desde el porfirismo
hasta Fox:
una historia muy dispareja
El sistema contemporáneo de los medios en México data de la modernización que tuvo la prensa a finales del siglo XIX, con el surgimiento del periódico oficialista El Imparcial, primero que uso rotativas modernas y pudo bajar su precio de venta a ¡un centavo el ejemplar! Esto daría la pauta al surgimiento en nuestro país de periódicos de corte moderno y que utilizaban los implementos técnicos más avanzados de su época. El Universal y Excélsior se encuentran entre los diarios surgidos dentro de la dinámica modernizadora y coetáneos al movimiento armado, así como a la Ley de Imprenta de 1917, todavía vigente.
Dichos medios también reflejaron y fueron punta de lanza de los debates ideológicos frente al movimiento revolucionario, sobre todo como vehículos de las posiciones conservadoras ligadas al clero o a los intereses estadunidenses en México, que enarbolaron posiciones discrepantes a las oficiales sobre el sistema político, el régimen de propiedad, la cuestión religiosa y los asuntos internacionales, entre otros temas álgidos. Necesariamente, sobre la mesa del debate estuvieron los grandes rubros de la integridad territorial y la soberanía nacional, no sólo con la palabra sino con las armas en esa década y las siguientes.
Poco tiempo después de la aparición de la prensa moderna en México tuvieron lugar los primeros brotes de experimentos orientados a utilizar y transmitir mensajes a través del espacio atmosférico. En el primer lustro de la década de los 20 esas experimentaciones estaban ya dando paso a estaciones emisoras regulares, mediante el patrocinio de algunas casas comerciales que se convirtieron en los primeros anunciantes. En 1925 había 11 estaciones en funcionamiento, que ascendieron a 46 en 1936 y se triplicaron seis años después, para sumar 125 en 1942.
En 1926 fue expedido el primer permiso para operar una emisora radiofónica, la CYI, si bien para entonces el gobierno ya contaba con estaciones como la Casa del Radio y la estación del Departamento de Aviación, destinadas básicamente a la información meteorológica. Poco tiempo después la Secretaría de Educación Pública fue autorizada para instalar una estación de promoción cultural y educativa, que ayudara a los maestros rurales y misioneros, aunque ésta operó sin mayor repercusión; intento que se repitió a finales de los años cuarenta, pero hasta los años 60 pudo consolidarse con la emisora Radio Educación.
Por su parte, el desarrollo de la televisión ha tenido los siguientes hitos: en 1934 el ingeniero Guillermo González Camarena comenzó a realizar experimentos de televisión y en 1935 el presidente Lázaro Cárdenas apoyó esos experimentos, al disponer que se le permitiera trabajar en los estudios de la radiodifusora XEFO del Partido Nacional Revolucionario. Dicha estación trajo a México, ese mismo año, un equipo de televisión.
En 1940, González Camarena patentó en Estados Unidos un sistema de televisión a colores denominado Tricromático, basado en los colores verde, rojo y azul. Entre 1947 y 1950 instaló González Camarena circuitos cerrados en las principales tiendas de la ciudad de México, en donde se invitaba a los transeúntes a mirar su imagen en el monitor de televisión.
Y el 31 de agosto de 1950 se inauguraba oficialmente el primer canal concesionario, el 4 -XHTV-, que inició sus transmisiones regulares el día siguiente con el informe presidencial. En mayo de 1952 comenzó a operar el canal 2, XEWTV, y el 18 de agosto el canal 5, XHGC, concesionado al ingeniero González Camarena. Será hasta finales de los años 60 cuando entrarían al aire los canales 8 y 13, mientras en 1959 tuvo lugar un acontecimiento importante con el surgimiento del primer canal a cargo de una institución de educación superior: el canal 11, del Instituto Politécnico Nacional.
La participación directa del Estado en las frecuencias de radio se reanuda en 1967, cuando se reabre Radio Educación, cuyos antecedentes se remontan a 1924. A finales de los años 70 se adquirieron otras tres emisoras de frecuencia modulada, que se incorporarían como patrimonio del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, al ser creado en los años 80. A su vez, las actividades normativas del sector gubernamental quedaron a cargo de la Dirección de Radio, Televisión y Cine, RTC, en tanto que la producción de los mensajes correspondía al IMER.
Hoy, la radiodifusión cuenta en México con alrededor de mil cien radioemisoras y aproximadamente 400 estaciones televisoras –dominadas por el dueto Televisa-TVAzteca–, que alcanzan aproximadamente a 13 millones de hogares.
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En los medios, una legislación
proempresarial:
la cuadratura del
círculo (2)
En México, las libertades de expresión y de opinión las encontramos codificadas en la Constitución Política y existe atrás de ellas una tradición de lucha que abarca prácticamente a todo el periodo independiente en nuestro país. Sin embargo, en el marco de un orden público y una cultura política autoritarios, la práctica de los derechos y libertades de índole individual o social tuvo durante décadas un carácter meramente formal, discrecional y, en el plano económico, patrimonialista, esto es, bajo los rasgos que la retórica en boga llama premodernos.
Por lo que toca a la libertad de expresión y de información, para el caso de los medios impresos ésta se encuentra regida por la Ley de Imprenta de abril de 1917 –la Ley Carranza–, altamente restrictiva, así por adecuaciones hechas en los años 80 al Código Penal en materia de calumnia y daño moral; a su vez, en lo que respecta a los medios denominados electrónicos –radio y TV–, desde el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles (1924-28) hasta la actualidad se han expedido tres tipos de legislaciones, que Fátima Fernández delimitó como: a) de carácter técnico, b) de carácter facultativo y c) de carácter limitativo.
La misma investigadora señala que en el lapso de referencia han predominado las disposiciones técnicas y las facultativas, en beneficio de los empresarios, mientras las limitativas para éstos prácticamente no existen.
Tanto la radio como la televisión están sometidas al régimen de concesiones que se desprende de los artículos 27 y 42 constitucionales. En virtud de ello, pueden disponer de las frecuencias de transmisión en el espacio atmosférico –propiedad de la nación– para fines de lucro y mercantiles.
En la actualidad, se ajustan a la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, básicamente administrativa aunque prevé posibilidades de intervención y participaciones gubernamentales. En 1969 se expidieron los decretos del 30 y 31 de diciembre, que contenían las medidas de control estatal más severas promulgadas hasta entonces: impuestos por 25% sobre el ingreso bruto o venta del 49% de acciones en fideicomiso a instituciones oficiales de crédito.
Seis meses más tarde, por acciones del grupo de presión de los empresarios a través de la cámara industrial que los representa y de sus personeros en el Congreso de la Unión –además de la debilidad de Díaz Ordaz ante la candidatura presidencial de Echeverría y la resaca del 2 de octubre–, esas disposiciones se tornaron en facultativas, en términos de que la única obligación de las empresas era proporcionar un 12.5% de su tiempo de emisión al gobierno -no acumulable- en calidad de pago de impuestos, lo cual quedó codificado en el reglamento de la ley de 1973.
A partir precisamente de la instauración de los "tiempos oficiales" fue que la reforma electoral de Luis Echeverría, también en 1973, implantó los espacios de emisión de los programas de los partidos políticos en radio y televisión. Estos espacios se han venido codificando en las sucesivas reformas de la legislación electoral, pero padecen aún del vicio de origen originado en los grandes márgenes de discrecionalidad de que gozan los concesionarios respecto de los tiempos oficiales. Paralelamente a los problemas de producción que presentan, la aplicación arbitraria de los tiempos oficiales neutraliza ante la audiencia pública el impacto de los programas en radio y TV de los partidos políticos.
Finalmente, desde 1977 se introdujo en la Constitución un agregado al artículo 6º que garantiza el derecho a la información. Pero se trata de letra muerta, porque la respectiva ley reglamentarla ha quedado bloqueada hasta nuestros días por presiones y cabildeos de los barones de la industria de la comunicación, que se rompieron las vestiduras proclamando que se trataba de una “ley mordaza”–lo cual repitieron en 1995– y anunciaron la imposibilidad de encontrar la cuadratura del círculo.
La reglamentación del derecho constitucional a la información sigue siendo una laguna indefinidamente prorrogada por el sistema político. En su momento, se llegó a presumir que la aplicación de ese derecho restringiría la libertad de los grandes medios, en cuanto los sectores sociales podrían utilizarlos para difundir sus informaciones, lo cual es una tautología porque esa es la razón de ser de la existencia de aquellos. En realidad, se trató de un simple gambito de las empresas informativas para oponerse a su democratización interna.
Al mismo tiempo, en cuanto el principal originador social de información es el gobierno, corresponde a éste abrir las compuertas de la información que genera y que, las más de las veces, disfraza y manipula; por ende, frente al patrimonialismo premoderno del gobierno, la verdadera reforma del Estado debe surgir de la transparencia de las funciones y acciones públicas y de promover el ejercicio crítico hacia tal comportamiento gubernativo. En este tenor debe ser legislada la reglamentación del derecho a la información, como se ha venido discutiendo en los espacios legislativos durante los últimos meses, aunque todavía sin acabar de encontrar la proverbial cuadratura del círculo.
Referencias:
Cuauhtémoc Arista, “Carta a una candidata sobre el marketing electoral”, revista Etcétera, julio 2003
Andrés Valdez Zepeda y Delia A. Huerta Franco, “¿Imagen vs. ideas? Mercadotecnia: ni lobo ni cordero”, revista Etcétera, julio 2003
Andrés Valdez Zepeda, El ABC de la mercadotecnia política, 2002. Cucea, Universidad de Guadalajara
Dra. Guillermina Baena Paz, “La mercadotecnia política en las campañas modernas”. Crónica Legislativa, Nº 13, Marzo-Abril, 2004